Ahora bien, una vez plasmados los principios que orientan la actuación de las entidades reguladas por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y que deberán seguir también las autoridades en el ejercicio de sus facultades, la Ley establece la regulación para los distintos tipos de ITF. Las ITF serán entidades autorizadas, reguladas y supervisadas por las autoridades financieras. Para poder operar como ITF, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, establece que requerirán de una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual se otorgará previa revisión de la información y documentación que se menciona en dicha Ley y previo acuerdo del Comité Interinstitucional. Dicho Comité estaría integrado por tres autoridades financieras clave, a saber, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera reconocerá dos tipos de ITF: las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. Las instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding por su nombre en inglés) son aquéllas plataformas que ponen en contacto directo a personas interesadas en participar en esquemas de deuda, de capital y de copropiedad o regalías. Estas instituciones brindan acceso a nuevas fuentes de financiamiento a segmentos de la población que normalmente no son atendidas por las entidades financieras tradicionales, regulándose tres formas. Las instituciones de financiamiento colectivo de deuda, son aquellas en donde la institución pone en contacto directo a inversionistas con solicitantes que requieren de financiamiento, quienes, posteriormente, retornarán los recursos, generalmente, con el pago de un interés. Las instituciones de financiamiento colectivo de capital, son aquellas que facilitan que los inversionistas aporten recursos, a través de la institución, para obtener participaciones en el capital social de personas morales solicitantes que se promuevan por este medio para posteriormente ser partícipes de las utilidades de dichas personas morales. Por último, las instituciones de financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, son aquellas en donde los inversionistas aportan recursos a un proyecto obteniendo una participación en un bien o derecho. Esta figura ha sido regulada a nivel internacional en países como Estados Unidos, Canadá, China, España, Italia, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda. La Ley que se propone expedir contiene la regulación de las instituciones de fondos de pago electrónico, como consecuencia del aumento del uso de esta modalidad de pago en el comercio, ya que ofrece seguridad y aceptación en los negocios que se encuentren afiliados. Al respecto, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay, Kenia y la Unión Europea, entre otras jurisdicciones, han regulado los fondos de pago electrónico, definiéndolos en términos similares, como el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, almacenado en un soporte electrónico o digital, cuyo valor es constante, denominado en la misma moneda y equivalente a los fondos recibidos por el emisor contra su entrega. En la regulación que se propone en la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, las instituciones de fondos de pago electrónico realizarán servicios de emisión, administración, rendición y transmisión de fondos de pago electrónico (e-money por su nombre en inglés). Se deberá entender como fondos de pago electrónico al valor monetario emitido a la par contra la recepción de moneda de curso legal, que servirá para hacer pagos y transferencias. Asimismo, se propone que las ITF tengan la capacidad de operar con activos virtuales. En este sentido, los activos virtuales son representaciones de un valor digital verificable, que no se encuentran emitidos ni respaldados por ningún banco central o entidad financiera, es decir, que no tienen curso legal, y a pesar de eso, general utilidades para su intercambio debido a su aceptación por el público. En años recientes, el uso de activos virtuales, en especial el “Bitcoin”, ha incrementado, así como su aceptación y valor, por lo que la regulación de instituciones en las que se intermedia con estos activos se ha vuelto cada vez más pertinente. Además, se propone que las personas que ofrezcan en territorio nacional la compra y venta de activos virtuales, queden sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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