evaluar si el aspirante cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar
funciones.
Dicho examen se conformará por dos etapas, una oral y otra escrita, deberá presentarse ante el Instituto
Nacional de Ciencias Penales y será calificado por un sínodo compuesto por un servidor público con nivel
mínimo de director de área, quien fungirá como presidente, y dos miembros de la rama sustantiva de
que se trate, quienes fungirán como secretario y vocal, respectivamente.
La calificación del examen oral se determinará tomando en consideración el promedio de puntos que
cada uno de los integrantes del sínodo asigne al sustentante. En ambos casos, la calificación se basará
en una escala de 0 a 10, siendo 7 la mínima aprobatoria.
Por lo que respecta a la terminación de las relaciones de la Fiscalía General con su personal, se enlistan
una serie de causales mediante las cuales la relación podrá darse por terminada.
Asimismo, se dispone que en aquellos casos en que la forma de terminación del servicio fuese declarada
mediante sentencia definitiva como injustificada, la Fiscalía General estará obligada a pagar la
indemnización correspondiente, y demás prestaciones conforme a la ley, sin que en ningún caso proceda
la reincorporación del servidor público.
Bajo esa misma línea de consideración y atendiendo a la naturaleza de la información que es manejada
al interior de la Fiscalía General, se estima necesario establecer desde el texto de la ley, el deber de todo
su personal de entregar toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores
u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad, guarda y custodia, al concluir la relación
jurídica con la Fiscalía General.
De esta manera, los servidores públicos que estén a cargo de administrar o manejar fondos, bienes o
valores públicos, los titulares de unidades de la Fiscalía General, así como aquellos que determine su
superior jerárquico o, en su caso, el titular de la Institución, por la naturaleza e importancia del servicio
público que prestan, deberán realizar acta de entrega-recepción.
No se omite precisar que dicha obligación también será aplicable a los servidores públicos que, por
comisión, suplencia, encargo o bajo cualquier otra figura, hayan quedado como encargados provisionales
de alguna unidad administrativa cuyo titular deba cumplir con esta obligación.
Por otro lado, se propone un apartado de sanciones, y un régimen especial para su aplicación en razón
de la naturaleza administrativa o sustantiva de las funciones del personal de la Fiscalía General.
En ese sentido, el personal que forme parte del Servicio Profesional de Carrera incurrirá en faltas
administrativas, cuando incumpla o transgreda el contenido de sus obligaciones; precisando que en los
casos de faltas administrativas atribuibles a personal de la rama sustantiva, la Fiscalía Especializada de
Asuntos Internos será la encargada de imponer la sanción que corresponda, conforme al procedimiento
previsto en este mismo ordenamiento, y demás disposiciones normativas.
Bajo esa línea de consideración, las sanciones que podrán ser impuestas a dicho personal, consistirán en
amonestación pública o privada, suspensión de empleo cargo o comisión hasta por noventa días sin goce
de sueldo o remoción, según corresponda.
Mientras que, para el caso del personal de la rama administrativa, se prevé que sea el Órgano Interno de
Control quien lleve a cabo el procedimiento y aplicación de las sanciones que se deban imponer por faltas
administrativas, bajo las normas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al margen de lo anterior, se estimó oportuno incluir un listado de elementos que deberán ser tomados
en consideración para efectos de la aplicación de las sanciones administrativas, tales como la gravedad
de la conducta, la reincidencia, el nivel jerárquico, los medios de ejecución, el monto del beneficio
obtenido, entre otros.
Aunado a lo anterior, se incluye un marco especial de medidas disciplinarias para los agentes de la Policía
Federal Ministerial. En ese sentido, los agentes de la Policía Federal Ministerial que falten a la línea de
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