El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General, para efecto de sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales. En virtud de lo anterior, el Órgano Interno de Control estará obligado a presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. La designación del titular del Órgano Interno de Control, de conformidad con el texto constitucional y conforme a la autonomía de la Fiscalía General, corresponderá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se plantea que el Instituto Nacional de Ciencias Penales pase a ser un órgano descentralizado de la Fiscalía General, como un centro público de investigación, por lo que a partir de la entrada en vigor de este Proyecto de Decreto, quedará desincorporado de la Administración Pública Federal. Consecuentemente, se considera necesario prever que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, tenga a su cargo la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales y que la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o presupuestales del Órgano Interno de Control de dicho instituto, se transfieran al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General. Ello, en virtud de que corresponde al Órgano Interno de Control promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos, por lo que tendrá a su cargo los procedimientos y la aplicación de las sanciones que, en su caso, deban imponerse por faltas administrativas a los servidores públicos de la Fiscalía General, con base en las atribuciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Conforme a dicha legislación, los organismos públicos descentralizados tienen el carácter de entidades, por lo que los servidores públicos que los integran son sujetos de responsabilidades administrativas y, al constituirse el Instituto Nacional de Ciencias Penales como órgano descentralizado de la Fiscalía General de la República, se considera una instancia que debe ser fiscalizada por el Órgano Interno de Control de este órgano de procuración de justicia que goza de autonomía constitucional. Finalmente, se dispone que las bases de datos, sistemas, registros y archivos que contengan información, datos personales o datos provenientes de actos de investigación, recabados como consecuencia del ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos de la Fiscalía General, será estrictamente reservada y únicamente podrá ser consultada para fines de investigación y persecución de los delitos. No obstante, se garantiza el acceso a la información de carácter estadístico. Una vez expuesto lo anterior, cabe señalar que esta propuesta es resultado de una serie de trabajos de diagnóstico a la Institución con la finalidad de observar diversas áreas de oportunidad y hacer de la Fiscalía General una Institución más profesional, eficaz y eficiente tanto en su organización estructural como en los procesos de investigación, así como del hecho de que, sin dejar de reconocer el esfuerzo de creación para la elaboración de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, dicha Ley no ha resultado funcional ni efectiva a la realidad de una actuación que requiere efectividad absoluta en sus actividades. No sobra enfatizar en el hecho de que la Fiscalía General de la República, requiere de una reorganización administrativa que permita una efectiva descentralización y una mayor eficiencia respecto a las atribuciones del Ministerio Público de la Federación. Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad dispuesta en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente:

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