mujeres, mujeres con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con enfermedades mentales, indígenas y afromexicanas, migrantes, refugiadas, que viven en comunidades rurales o alejadas, indigentes, extranjeras, con discapacidad, adultas mayores, que sufren alguna discriminación por motivos de su orientación sexual o identidad de género, portadoras de VIH o enfermas de SIDA, fármaco-dependientes, entre otras. Para cada uno de estos grupos, los sistemas nacionales e internacionales de protección a derechos humanos, han elaborado una serie de documentos que servirán como directrices para la protección mínima de sus derechos "estándares mínimos de protección" y que deberán ser considerados de manera trasversal dentro del Modelo Integral de Reinserción Social. Por ello, se impulsa la reinserción social con un enfoque de derechos humanos, inclusión y perspectiva de género de las PPL en los centros penitenciarios del sistema nacional, a través de la existencia de condiciones de seguridad, orden, educación, disciplina y atención a la salud. A más de 10 años de publicada la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal que modificó diversos artículos constitucionales relacionados con el reconocimiento y protección de los derechos humanos, hoy en día sigue siendo una materia pendiente la efectiva reinserción social de las PPL en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género. La ineficiente aplicación del modelo integral de reinserción social de las PPL para contribuir a que no vuelvan a delinquir, es consecuencia de la falla en la supervisión de su aplicación y que no se ha dado el debido seguimiento a las recomendaciones, pronunciamientos y observaciones de organismos de derechos humanos sobre reinserción social. Aunado a esto, siguen siendo insuficientes programas de apoyo al proceso de reinserción social por la ausencia del funcionamiento de una comisión intersecretarial que contribuya a vincular a las autoridades corresponsables conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, dentro del sistema penitenciario se observa la insuficiencia en los programas de reinserción social, y la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, provocando que la persona privada de la libertad al culminar con su sentencia no logre una reinserción social efectiva. Lo anterior se afirma debido a que el artículo 18 Constitucional señala que el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte son medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo que en el Sistema Penitenciario Federal de acuerdo al Diagnóstico antes señalado se observa lo siguiente: · En 14 Centros Federales existe la carencia de actividades laborales y de capacitación; así como en 13 de los establecimientos se carece de actividades educativas y deportivas · El derecho de protección de la salud es un problema generalizado en los centros federales dada la falta de personal médico, así como por la deficiencia en su atención. · En 14 centros penitenciarios se observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. En cuanto a adolescentes que infringieron la ley penal, es necesario que se les atienda considerando las características específicas de este grupo poblacional para evitar que se eleven las cifras, tratar de disminuir las existentes, así como lograr la reinserción y evitar así la reincidencia, ya que de 2015 al 2018 las cifras de adolescentes en internamiento han ido disminuyendo: POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO POR AÑO, DIVIDIDA POR FUERO 2015-2020 AÑO FUERON COMÚN FUERO FEDERAL TOTAL DE POBLACIÓN 2015 3,626 274 3,900 2016 1,811 129 1,940 2017 1,489 91 1,580 2018 1,338 102 1,440 2019 1,263 183 1,446 2020, al mes de abril 1,329 172 1,501 Fuente: Datos de Prevención y Readaptación Social, abril 2020. Al no aplicarse el modelo integral de reinserción social se incrementan las recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos de las PPL, ya sea por el trato recibido por parte del personal penitenciario o por prevalecer las deficientes condiciones de internamiento en los centros. Así, las personas que estuvieron en un centro penitenciario por haber cometido algún delito y luego llegan a ser puestas en libertad por cumplir su sentencia o por obtener algún beneficio de libertad, no logran su plena reintegración a la sociedad, ya sea porque reinciden en la comisión de algún delito o porque la sociedad no las acepta o las estigmatiza. Este problema se agudiza en algunos centros penitenciarios con el deterioro de las condiciones de gobernabilidad y gobernanza institucional, fenómeno que está asociado a una inadecuada clasificación, ubicación y separación de las PPL en los centros penitenciarios a los retrasos en la imposición de la sanción disciplinaria y al incumplimiento de la normatividad relativa a la

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