En esta sección se explica de qué manera la Directiva SRI refuerza la preparación de los Estados miembros al exigirles que cuenten con autoridades nacionales competentes y equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) efectivos. Más en concreto, se aborda la obligación de designar a autoridades nacionales competentes, incluida la función del punto de contacto único. Se analizan tres temas: a) las posibles estructuras nacionales de gobernanza (p. ej., modelos centralizados, descentralizados, etc.) y otros requisitos; b) la función del punto de contacto único, y c) los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática. 3.1. Tipo de autoridades El artículo 8 de la Directiva SRI establece que los Estados miembros deben designar a autoridades nacionales competentes en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, al tiempo que reconoce explícitamente la posibilidad de designar a una o más autoridades nacionales competentes. El considerando 30 de la Directiva explica esta opción de actuación: Habida cuenta de las diferencias existentes entre las estructuras nacionales de gobernanza y con el fin de salvaguardar las disposiciones sectoriales vigentes o los organismos de supervisión y regulación de la Unión ya existentes, y para evitar duplicidades, los Estados miembros deben poder designar a más de una autoridad nacional competente responsable de ejercer las funciones vinculadas a la seguridad de las redes y sistemas de información de los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales en virtud de la presente Directiva. Por tanto, los Estados miembros pueden optar por designar a una autoridad central que abarque todos los sectores y servicios comprendidos en la Directiva o por designar a varias autoridades, dependiendo, por ejemplo, del tipo de sector. Al optar por un planteamiento u otro, los Estados miembros pueden basarse en la experiencia de los planteamientos nacionales seguidos en el contexto de la legislación vigente en materia de protección de infraestructuras críticas de información (PICI). Tal como se describe en el cuadro 1, en el caso de la PICI, los Estados miembros optaron por un planteamiento centralizado o descentralizado al asignar competencias a nivel nacional. Los ejemplos nacionales se utilizan aquí exclusivamente a efectos ilustrativos y para que los Estados miembros conozcan los marcos organizativos existentes. Así, la Comisión no considera que el modelo empleado por los respectivos países para la PICI deba utilizarse necesariamente a efectos de transposición de la Directiva SRI. Los Estados miembros pueden también optar por enfoques híbridos que contengan elementos de ambos planteamientos, el centralizado y el descentralizado. La elección puede hacerse en consonancia con mecanismos nacionales de gobernanza previos aplicados en los distintos sectores y servicios comprendidos en la Directiva o a partir de mecanismos nuevos determinados por las autoridades y por las partes interesadas pertinentes identificadas como operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales. Otros factores importantes que pueden incidir en la elección de los Estados miembros son la experiencia especializada en ciberseguridad, consideraciones ligadas a la asignación de recursos e intereses nacionales (por ejemplo, desarrollo económico, seguridad pública, etc.). 11

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