que pongan en peligro la disponibilidad, integridad o autenticidad de los datos. Por su parte, el artículo 15 del Reglamento exige a los centros de negociación que se doten de dispositivos efectivos de continuidad de las actividades que garanticen la suficiente estabilidad del sistema y permitan afrontar los incidentes perturbadores. En concreto, esas medidas deben permitir al operador reanudar la negociación antes de que transcurran dos horas desde que se haya producido el incidente perturbador y, al mismo tiempo, deben garantizar que la cantidad máxima de datos que puedan perderse sea próxima a cero. El artículo 16, por su parte, establece que las medidas definidas para abordar y gestionar los incidentes perturbadores deben formar parte de un plan de continuidad de las actividades del centro de negociación y señala una serie de elementos específicos que debe considerar el operador al adoptar el plan de continuidad de las actividades (p. ej., establecimiento de un equipo específico de operaciones de seguridad, realización de una evaluación de impacto, sujeta a revisión periódica, que determine los riesgos). A la luz del contenido de esas medidas de seguridad, queda claro que su objetivo consiste en gestionar y abordar los riesgos ligados a la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos o los servicios prestados, como consecuencia de lo cual cabe concluir que la mencionada legislación específica de la UE contiene obligaciones de seguridad que tienen un efecto al menos equivalente al de las obligaciones correspondientes del artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva SRI. 5.2. Artículo 1, apartado 3, de la Directiva SRI: Proveedores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de confianza De conformidad con el artículo 1, apartado 3, los requisitos de seguridad y de notificación previstos en la Directiva no son aplicables a las empresas que están sujetas a los requisitos de los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 2002/21/CE. Los artículos 13 bis y 13 ter de la Directiva 2002/21/CE se aplican a las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público. Por tanto, las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público deben cumplir los requisitos de seguridad y notificación de la Directiva 2002/12/CE. Ahora bien, si una misma empresa presta también otros servicios, como servicios digitales (p. ej., computación en la nube o mercado en línea) enumerados en el anexo III de la Directiva SRI, o servicios de DNS o de IXP con arreglo al anexo II, punto 7, de la Directiva SRI, la empresa quedará sujeta a los requisitos de seguridad y notificación de la Directiva SRI en lo que respecta a la prestación de esos servicios específicos. Debe señalarse que, habida cuenta de que los proveedores de servicios enumerados en el anexo II, punto 7, pertenecen a la categoría de operadores de servicios esenciales, los Estados miembros deben llevar a cabo un proceso de identificación con arreglo al artículo 5, apartado 2, e identificar a los operadores de DNS, IXP o TLD que deben cumplir los requisitos de la Directiva SRI. Esto significa que, tras esa evaluación, solo los proveedores de servicios de DNS, IXP o TLD que reúnan los criterios del artículo 5, apartado 2, de la Directiva SRI estarán sujetos a la obligación de cumplir los requisitos de la Directiva SRI. Por otro lado, el artículo 1, apartado 3, especifica que los requisitos de seguridad y notificación previstos en la Directiva tampoco serán aplicables a los proveedores de servicios 40

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