L 333/136
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.12.2022
b) adoptar instrucciones vinculantes, en particular sobre las medidas necesarias para prevenir o subsanar un incidente, así
como plazos para la ejecución de esas medidas y notificar su aplicación, o una orden de requerimiento para que las
entidades afectadas subsanen las deficiencias detectadas o los incumplimientos de la presente Directiva;
c) exigir a las entidades afectadas que pongan fin a las conductas que infringen la presente Directiva y que se abstengan de
repetirlas;
d) exigir a las entidades afectadas que garanticen que sus medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad son
conformes con lo dispuesto en el artículo 21 o que cumplan las obligaciones de notificación establecidas en el
artículo 23 de una manera específica y en un plazo concreto;
e) ordenar a las entidades afectadas que informen a las personas físicas o jurídicas con respecto a las que prestan servicios o
realizan actividades que puedan verse afectadas por una ciberamenaza significativa sobre la naturaleza de la amenaza,
así como sobre cualquier posible medida correctora o de protección que dichas personas puedan adoptar en respuesta
a la amenaza;
f) ordenar a las entidades afectadas que apliquen las recomendaciones formuladas a raíz de una auditoría de seguridad en
un plazo razonable;
g) designar un responsable de supervisión con funciones claramente definidas para que supervise, durante un período
determinado, el cumplimiento por parte de las entidades afectadas de las obligaciones previstas en los artículos 21 y 23;
h) ordenar a las entidades afectadas que hagan públicos determinados aspectos del incumplimiento de la presente Directiva
de una manera específica;
i) imponer o solicitar la imposición por parte de los organismos u órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo con la
legislación nacional de una multa administrativa de conformidad con el artículo 34 a título adicional respecto de
cualquiera de las medidas referidas en las letras a) a h) del presente apartado.
5.
Cuando las medidas de ejecución adoptadas con arreglo al apartado 4, letras a) a d) y f), resulten ineficaces, los Estados
miembros garantizarán que sus autoridades competentes estén facultadas para fijar un plazo en el que se requerirá a la
entidad esencial que adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos de dichas
autoridades. Si las medidas requeridas no se adoptan dentro del plazo establecido, los Estados miembros velarán por que
las autoridades competentes estén facultadas para:
a) suspender temporalmente o solicitar a un organismo de certificación o autorización o a un órgano jurisdiccional, de
conformidad con el Derecho nacional, que suspenda temporalmente una certificación o autorización referente a una
parte o la totalidad de los servicios o actividades de que se trate prestados por la entidad esencial;
b) solicitar que los organismos o los órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo con el Derecho nacional prohíban
temporalmente a cualquier persona que ejerza responsabilidades de dirección a nivel de director general o
representante legal en dicha entidad esencial ejercer funciones de dirección en dicha entidad.
Las suspensiones o las prohibiciones temporales impuestas en virtud del presente apartado se aplicarán únicamente hasta
que la entidad afectada adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos de la autoridad
competente a instancias de la cual se aplicaron dichas medidas de ejecución. La imposición de tales suspensiones o
prohibiciones temporales estará sujeta a las garantías procesales adecuadas conforme a los principios generales del
Derecho de la Unión y de la Carta, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, la presunción de
inocencia y los derechos de la defensa.
Las medidas de ejecución previstas en el presente apartado no serán aplicables a las entidades de la Administración pública
sujetas a la presente Directiva.
6.
Los Estados miembros garantizarán que cualquier persona física responsable de una entidad esencial o que actúe
como representante de ella con facultades para representarla, la autoridad para tomar decisiones en su nombre o la
autoridad para ejercer control sobre ella tenga competencias para velar por que cumpla la presente Directiva. Los Estados
miembros velarán por que dichas personas físicas puedan considerarse responsables por el incumplimiento de su deber de
garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.
Por lo que respecta a las entidades de la Administración pública, el presente apartado se entenderá sin perjuicio del Derecho
nacional en materia de responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos o designados.
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