27.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 333/109
f) la entidad sea una entidad de la Administración pública:
i) central, definida por un Estado miembro de conformidad con el Derecho nacional, o
ii) regional, definida por un Estado miembro de conformidad con el Derecho nacional, que, tras una evaluación basada
en el riesgo, presta servicios cuya perturbación podría tener un impacto significativo en actividades sociales o
económicas críticas.
3.
Independientemente de su tamaño, la presente Directiva se aplica a las entidades que se identifiquen como entidades
críticas con arreglo a la Directiva (UE) 2022/2557
4.
Independientemente de su tamaño, la presente Directiva se aplica a las entidades que presten servicios de registro de
nombres de dominio.
5.
Los Estados miembros podrán disponer que la presente Directiva se aplique a:
a) entidades de la Administración pública a nivel local;
b) centros de enseñanza, en particular cuando lleven a cabo actividades críticas de investigación.
6.
La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades de los Estados miembros de salvaguardar la
seguridad nacional y de sus competencias de salvaguardar otras funciones esenciales del Estado, incluidos garantizar la
integridad territorial del Estado o mantener el orden público.
7.
La presente Directiva no se aplicará a las entidades de la Administración pública que lleven a cabo sus actividades en
los ámbitos de la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa o la garantía del cumplimiento de la ley, incluidas la
prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales.
8.
Los Estados miembros podrán eximir a las entidades específicas que llevan a cabo actividades en los ámbitos de la
defensa, la seguridad nacional, la seguridad pública o la garantía del cumplimiento de la ley, incluidas las actividades
relativas a la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales, o que prestan servicios
exclusivamente a entidades de la Administración pública a que se refiere el apartado 7 del presente artículo, de las
obligaciones establecidas en el artículo 21 o en el artículo 23 en relación con dichas actividades o servicios. En tales casos,
las medidas de supervisión y garantía del cumplimiento a que se refiere el capítulo VII no se aplicarán en relación con esas
actividades o servicios específicos. Cuando las entidades realicen actividades o presten servicios exclusivamente del tipo
contemplado en el presente apartado, los Estados miembros podrán decidir eximir también a dichas entidades de las
obligaciones establecidas en los artículos 3 y 27.
9.
Los apartados 7 y 8 no se aplicarán cuando una entidad actúe como prestador de servicios de confianza.
10.
La presente Directiva no se aplicará a las entidades que los Estados miembros hayan excluido del ámbito de
aplicación del Reglamento (UE) 2022/2554 de conformidad con el artículo 2, apartado 4, de dicho Reglamento.
11.
Las obligaciones establecidas en la presente Directiva no implican el suministro de información cuya divulgación sea
contraria a los intereses esenciales de los Estados miembros en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa.
12.
La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva 2002/58/CE, las
Directivas 2011/93/UE (27) y 2013/40/UE (28) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2022/2557.
13.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, la información que se considere confidencial de acuerdo
con las normas de la Unión o nacionales, como las normas sobre confidencialidad empresarial, se intercambiará con la
Comisión y otras autoridades competentes de conformidad con la presente Directiva únicamente cuando tal intercambio
sea necesario a efectos de la aplicación de la presente Directiva. La información que se intercambie se limitará a aquella que
resulte pertinente y proporcionada para la finalidad del intercambio. El intercambio de información preservará la
confidencialidad de esta y protegerá la seguridad y los intereses comerciales de las entidades interesadas.
(27) Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del
Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
(28) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de
información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
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