27.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 333/99 (98) A fin de salvaguardar la seguridad de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, debe promoverse el uso de tecnologías de cifrado, y en particular el cifrado de extremo a extremo, así como conceptos de seguridad centrados en los datos, como la cartografía de datos, la segmentación, el etiquetado, las políticas y la gestión de acceso, y las decisiones de acceso automatizadas. En caso necesario, el uso del cifrado, en particular el cifrado de extremo a extremo, debe ser obligatorio para los proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de conformidad con los principios de seguridad y privacidad por defecto y desde el diseño a efectos de la presente Directiva. El uso de cifrado de extremo a extremo debe conciliarse con las facultades de los Estados miembros para garantizar la protección de sus intereses de seguridad esenciales y la seguridad pública, y para permitir la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales de conformidad con el Derecho de la Unión. Sin embargo, esto no debe debilitar el cifrado de extremo a extremo, que es una tecnología crítica para la protección eficaz de los datos y la privacidad, y para la seguridad de las comunicaciones. (99) Para salvaguardar la seguridad y evitar los abusos y la manipulación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, debe promoverse el uso de normas de enrutamiento seguras con el fin de garantizar la integridad y la solidez de las funciones de enrutamiento en todo el ecosistema de proveedores de servicios de acceso a internet. (100) Para salvaguardar la funcionalidad y la integridad de internet y fomentar la seguridad y la resiliencia del DNS, debe alentarse a las partes interesadas, incluidas las entidades del sector privado de la Unión, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en particular los proveedores de servicios de acceso a internet, y los proveedores de motores de búsqueda en línea, a adoptar una estrategia de diversificación de la resolución de DNS. Además, los Estados miembros deben promover el desarrollo y la utilización de un servicio de resolución de DNS europeo público y seguro. (101) La presente Directiva establece un enfoque en varias etapas respecto a la notificación de incidentes significativos a fin de alcanzar el equilibrio adecuado entre, por un lado, una notificación ágil que ayude a reducir la posible propagación de incidentes significativos y permita a las entidades esenciales e importantes buscar asistencia, y, por el otro, una notificación minuciosa que extraiga lecciones valiosas de cada incidente y mejore con el tiempo la ciberresiliencia de las entidades individualmente y de sectores completos. En este sentido, la presente Directiva debe incluir la notificación de incidentes que, según una evaluación inicial realizada por la entidad afectada podrían provocar perturbaciones operativas o perjuicios económicos graves para dicha entidad o podrían afectar a otras personas físicas o jurídicas causándoles perjuicios materiales o inmateriales considerables. Tal evaluación inicial debe tener en cuenta, entre otros aspectos, los sistemas de redes y de información afectados, y en particular su importancia para la prestación de los servicios de la entidad, la gravedad y las características técnicas de la ciberamenaza, así como las vulnerabilidades subyacentes que se estén aprovechando y la experiencia de la entidad con incidentes similares. Indicadores como la medida en que se ve afectado el funcionamiento del servicio, la duración de un incidente o el número de destinatarios de los servicios afectados podrían ser importantes a la hora de determinar si la perturbación operativa del servicio es grave. (102) Cuando las entidades esenciales o importantes tengan conocimiento de un incidente significativo, deben estar obligadas a presentar una alerta temprana sin demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo de veinticuatro horas. Dicha alerta temprana debe ir seguida de una notificación del incidente. Las entidades afectadas deben presentar una notificación del incidente sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo de setenta y dos horas a partir del momento en que tengan conocimiento del incidente significativo, con el objetivo, en particular, de actualizar la información presentada mediante la alerta temprana y exponer una evaluación inicial del incidente significativo, incluyendo su gravedad e impacto, así como indicadores de compromiso, cuando estén disponibles. Se ha de presentar un informe final a más tardar un mes después de la notificación del incidente. La alerta temprana solo debe incluir la información necesaria para que el CSIRT, o, en su caso, la autoridad competente, tenga constancia del incidente significativo y la entidad afectada pueda solicitar asistencia, en caso de que sea necesario. En su caso, dicha alerta temprana debe indicar si se sospecha que el incidente significativo está causado por actos ilícitos o malintencionados y si es probable que tenga repercusiones transfronterizas. Los Estados miembros deben velar por que la obligación de presentar dicha alerta temprana, o la posterior notificación del incidente, no detraiga los recursos de la entidad notificante de las actividades relacionadas con la gestión del incidente, que deben ser prioritarias, a fin de evitar que las obligaciones de notificación de incidentes desvíen recursos de la gestión de la

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