L 333/106
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.12.2022
(133) Con vistas a reforzar más aún la eficacia y el carácter disuasorio de las medidas de ejecución aplicables por la
infracción de la presente Directiva, las autoridades competentes deben estar facultadas para suspender
temporalmente o solicitar la suspensión temporal de una certificación o autorización referente a una parte o la
totalidad de los servicios pertinentes prestados o a las actividades realizadas por una entidad esencial y solicitar la
imposición de una prohibición temporal de que una persona física ejerza funciones de dirección a nivel de director
general o representante legal. Habida cuenta de su gravedad y repercusión en las actividades de las entidades y, en
última instancia, en sus usuarios, dichas suspensiones o prohibiciones temporales deben aplicarse exclusivamente
de manera proporcional a la gravedad de la infracción y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, en
particular si la infracción fue intencionada o negligente, y toda medida adoptada para prevenir o paliar los
perjuicios materiales o inmateriales sufridos. Las suspensiones o prohibiciones temporales solo deben aplicarse
como ultima ratio, es decir, únicamente después de haber agotado el resto de medidas de ejecución pertinentes
establecidas por la presente Directiva y solo por el tiempo hasta que las entidades a las que se aplican adopten las
medidas necesarias para subsanar las deficiencias o cumplir los requisitos de la autoridad competente en nombre de
la que se aplicaron dichas suspensiones o prohibiciones temporales. La imposición de tales suspensiones o
prohibiciones temporales debe estar sujeta a las garantías procesales adecuadas conforme a los principios generales
del Derecho de la Unión y de la Carta, entre ellas el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo, a la
presunción de inocencia y los derechos de la defensa.
(134) A fin de garantizar que las entidades cumplan las obligaciones que les incumben con arreglo a la presente Directiva,
los Estados miembros deben cooperar y prestarse asistencia mutua en relación con las medidas de supervisión y
ejecución, en particular cuando una entidad preste servicios en más de un Estado miembro o cuando sus sistemas
de redes y de información estén situados en un Estado miembro distinto de aquel en el que presta servicios. Cuando
preste asistencia, la autoridad competente requerida debe adoptar medidas de supervisión o ejecución de
conformidad con el Derecho nacional. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la asistencia mutua en virtud
de la presente Directiva, las autoridades competentes deben utilizar el Grupo de Cooperación como foro para
debatir casos y solicitudes concretas de asistencia.
(135) Con el fin de asegurar la supervisión y la ejecución efectivas, en particular en una situación que presente una
dimensión transfronteriza, los Estados miembros que hayan recibido una solicitud de asistencia mutua deben,
dentro de los límites de dicha solicitud, tomar medidas adecuadas de supervisión y ejecución en relación con la
entidad objeto de tal petición, y que presta servicios o que tiene un sistema de redes y de información en el
territorio de dicho Estado miembro.
(136) La presente Directiva debe establecer normas de cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de
control con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 para tratar los incumplimientos de la presente Directiva
relacionadas con los datos personales.
(137) La presente Directiva debe aspirar a garantizar un nivel elevado de responsabilidad por las medidas para la gestión de
riesgos de ciberseguridad y las obligaciones de notificación a nivel de las entidades esenciales e importantes. Por
consiguiente, los órganos de dirección de las entidades esenciales e importantes deben aprobar las medidas de
gestión de riesgos de ciberseguridad y supervisar su aplicación.
(138) A fin de garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión sobre la base de la presente Directiva,
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que
respecta a complementar la presente Directiva especificando qué categorías de entidades esenciales e importantes
han de estar obligadas a utilizar determinados productos de TIC, servicios de TIC y procesos de TIC certificados u
obtener una certificación en el marco de un esquema europeo de certificación de la ciberseguridad. Reviste especial
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinsti
tucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En particular, a fin de garantizar una
participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso
sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos
delegados.
(22) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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