27.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 333/137
7.
Cuando se adopte una medida de ejecución contemplada en el apartado 4 o 5, las autoridades competentes respetarán
los derechos de la defensa y tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso particular y, como mínimo, los siguientes
aspectos:
a) la gravedad del incumplimiento y la importancia de las disposiciones infringidas, entre otros, constituyen en todo caso
incumplimientos graves:
i)
los incumplimientos reiterados;
ii) la ausencia de notificación o subsanación de los incidentes significativos,
iii) la ausencia de subsanación de deficiencias tras recibir instrucciones vinculantes de las autoridades competentes;
iv) la obstrucción de las auditorías o actividades de control ordenadas por la autoridad competente tras la constatación
de un incumplimiento;
v) el suministro de información falsa o manifiestamente imprecisa en relación con las medidas de gestión del riesgo de
ciberseguridad o las obligaciones de notificación establecidas en los artículos 21 y 23;
b) la duración del incumplimiento;
c) todo incumplimiento anterior relevante cometido por la entidad afectada;
d) todo perjuicio material o inmaterial causado, incluidas las pérdidas financieras o económicas, los efectos para otros
servicios y el número de usuarios afectados;
e) cualquier intencionalidad o negligencia por parte del autor del incumplimiento;
f) cualesquiera medidas adoptadas por la entidad para prevenir o reducir los perjuicios materiales o inmateriales;
g) cualquier adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación aprobados;
h) el grado de cooperación de las personas físicas o jurídicas responsables con las autoridades competentes.
8.
Las autoridades competentes argumentarán detalladamente sus medidas de ejecución. Antes de adoptar tales medidas,
las autoridades competentes notificarán a las entidades afectadas sus constataciones preliminares. También concederán a
dichas entidades un plazo razonable para formular observaciones, salvo en casos debidamente motivados en los que, de
otro modo, se obstaculizaría la actuación inmediata para prevenir incidentes o responder a ellos.
9.
Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes designadas con arreglo a la presente Directiva
informen a las autoridades competentes pertinentes del mismo Estado miembro designadas con arreglo a la Directiva (UE)
2022/2557 cuando ejerzan sus facultades de supervisión y ejecución con objeto de garantizar el cumplimiento de la
presente Directiva por parte de una entidad identificada como crítica con arreglo a la Directiva (UE) 2022/2557. Cuando
proceda, las autoridades competentes designadas con arreglo a la Directiva (UE) 2022/2557 podrán solicitar a las
autoridades competentes designadas con arreglo a la presente Directiva que ejerzan sus facultades de supervisión y
ejecución respecto a una entidad que esté identificada como entidad crítica con arreglo a la Directiva (UE) 2022/2557.
10.
Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes con arreglo a la presente Directiva cooperen
con las autoridades competentes pertinentes del Estado miembro en cuestión designadas con arreglo al Reglamento (UE)
2022/2554 En particular, los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes designadas con arreglo a la
presente Directiva informen al Foro de Supervisión creado en virtud del artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE)
2022/2554 cuando ejerzan sus facultades de supervisión y ejecución al objeto de garantizar el cumplimiento por parte de
una entidad esencial que sea designada como proveedor tercero esencial de servicios de TIC en virtud del artículo 31 del
Reglamento (UE) 2022/2554 de la presente Directiva.
Artículo 33
edidas de supervisión y ejecución en relación con entidades importantes
1.
Cuando dispongan de pruebas, indicios o información de que una entidad importante presuntamente no cumple la
presente Directiva, en particular sus artículos 21 y 23, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes
actúen, cuando proceda, a través de medidas de supervisión a posteriori. Los Estados miembros velarán por que esas medidas
sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
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