A/75/123 Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, en la que se incorporó el Régimen de Protección a los Usuarios de Servicios de Comunicaciones que estableció que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas para prevenir que se cometan fraudes en el interior de sus redes y deben hacer controles periódicos respecto de la efectividad de esos mecanismos. Sin embargo, en caso que un usuario presente una petición, una queja, un reclamo o un recurso que pueda tener relación con un presunto fraude, el proveedor debe investigar sus causas. Ahora bien, con el fin de identificar las necesidades de asuntos legales, reglamentarios y/o regulatorios que se puedan requerir para promover la seguridad digital y fortalecer las capacidades, en la nueva política de confianza y seguridad digital que se encuentra en elaboración se está incluyendo la realizac ión de un diagnóstico para determinar qué normas podrían requerir ajustes en temas como: a) seguridad de las TIC; b) protección y defensa de la privacidad, libertad de expresión y otros derechos humanos en línea; c) divulgación responsable de vulnerabilidades; d) protección de datos; e) protección al consum idor; f) gestión de riesgos e incidentes; g) centros de respuestas a incidentes, o cualquier otro que se determine; y h) creación de equipos sectoriales de respuesta a incidentes de seguridad informática. Dicho diagnóstico se realizará considerando a las m últiples partes interesadas y deberá determinar la manera en que se adelantarán los ajustes requeridos al marco legal y regulatorio vigente. Con relación a las recomendaciones relativas a que los Estados deberían tomar las medidas apropiadas para proteger las infraestructuras fundamentales frente a amenazas relacionadas con las TIC, en Colombia, adicional a lo ya señalado anteriormente, se busca generar, de forma coordinada con los diferentes actores interesados, el plan de seguridad y defensa de infraestructuras críticas del sector TIC, el cual dicta lineamientos generales para las organizaciones del sector. Este documento es un primer paso para fortalecer y aunar esfuerzos para la protección de la infraestructura crítica identificada. Internacionalmente, de acuerdo con lo manifestado anteriormente, Colombia coopera y atiende las solicitudes de asistencia de otros Estados para mitigar actividades malintencionadas relacionadas con las TIC. En ese sentido, por ejemplo, el 16 de marzo de 2020 se adhirió al Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Asimismo, ha adoptado medidas encaminadas a garantizar la integridad de la cadena de suministro con miras a que los usuarios finales confíen en la seguridad de los productos relacionados con las TIC. Frente a la divulgación responsable de las vulnerabilidades relacionadas con las TIC y al compartir la información conexa sobre los recursos disponibles ante tales vulnerabilidades a fin de limitar, y posiblemente eliminar, las amenazas potenciales para las TIC o las infraestructuras dependientes de esas tecnologías, en la nueva política de confianza y seguridad digital que se encuentra en elaboración se contempla el establecimiento de un procedimiento para la promoción y d ivulgación responsable de vulnerabilidades de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de las entidades del Estado, con el fin de que sean subsanadas por la entidad responsable. En relación con el funcionamiento de los equipos de respu esta a emergencias cibernéticas o equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, el Gobierno nacional, a través de la política nacional de seguridad digital, establecida mediante el documento 3854 del Consejo Nacional de Política Económica y Social de 2016, dio los lineamientos para la creación de dichos equipos. 20-08285 21/95

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