A/75/123
Las disposiciones del Convenio sobre la Ciberdelincuencia no se han aplicado
plenamente.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europ a, de 23 de
noviembre de 2001, fue ratificado por la Rada Suprema en septiembre de 2005. Las
disposiciones del Convenio abarcan la responsabilidad penal por los delitos contra la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas
informáticos, a saber: acceso ilegal, interceptación ilega l, interferencia de datos,
interferencia de sistemas y uso indebido de dispositivos. Es decir, esas disposiciones
del Convenio abarcan los delitos contra el funcionamiento sostenible de la
infraestructura crítica.
Sin embargo, varias disposiciones del Convenio sobre la Ciberdelincuencia no
se aplican actualmente en la legislación nacional, lo que limita las actividades de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar y prevenir la
ciberdelincuencia. En particular, las disposiciones del Convenio sobre la
Ciberdelincuencia que deben aplicarse se refieren a la conservación rápida de datos
informáticos almacenados, la conservación y revelación parcial rápidas de datos sobre
el tráfico, el procedimiento para una orden de presentación, el registro y confiscación
de datos informáticos almacenados y la obtención en tiempo real de datos de tráfico
(artículos 16 a 20). También es necesario enmendar el Código de Procedimiento Penal
de Ucrania para introducir una categoría independiente de pruebas, a saber, las
pruebas digitales en los procedimientos penales.
En la actualidad, los representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania en el
grupo de trabajo del Comité sobre Cumplimiento de la Ley de la Rada Suprema están
trabajando en el proyecto de ley de Ucrania para enmendar determinados actos
legislativos relativos a la aplicación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia con el
fin de normalizar las disposiciones del Convenio en la legislación d e Ucrania, mejorar
las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Ucrania y establecer un
mecanismo jurídico eficaz para luchar contra la ciberdelincuencia, entre otras cosas:
• Otorgando a los jefes de la unidad operacional, al investigador y al fiscal la
facultad de dar instrucciones obligatorias a los propietarios de datos
informáticos (operadores y proveedores de telecomunicaciones, y otras personas
jurídicas y físicas) para la conservación rápida de los datos informáticos
necesarios para resolver el delito, por un período de hasta 90 días
• Estableciendo requisitos para la divulgación por parte de los operadores y
proveedores de telecomunicaciones, a petición de los organismos encargados de
hacer cumplir la ley, de la información necesaria para identificar a los
proveedores de servicios y descubrir la ruta por la que se transmitió la
información
• Estableciendo un mecanismo eficaz para el uso de pruebas en forma electrónica
(digital) en los procedimientos penales
• Introduciendo enmiendas al Código de Procedimiento Penal de Ucrania, la Ley
de telecomunicaciones y el proyecto de ley sobre comunicaciones electrónicas
a fin de garantizar el establecimiento de un mecanismo jurídico para restringir
temporalmente el acceso a la información o los datos informáticos publicados
en un determinado recurso (servicio) de información (identificado) y determinar
el procedimiento para su aplicación.
El 4 de febrero de 2020 la Rada Suprema retiró el proyecto de ley sobre
comunicaciones electrónicas (Reg. núm. 2264), sobre el que el Servicio de Seguridad
de Ucrania había presentado observaciones y propuestas por conducto del Comité
sobre Transformación Digital de la Rada Suprema a finales de 2019.
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