1.
INTRODUCCIÓN
La ciberseguridad es fundamental tanto para nuestra prosperidad como para nuestra
seguridad. A medida que nuestra vida cotidiana y la economía se vuelven más dependientes
de las tecnologías digitales, aumenta nuestro grado de exposición. Los responsables y los
objetivos de los incidentes de ciberseguridad son cada vez más diversos. Las actividades
cibernéticas maliciosas no solo amenazan nuestras economías y los esfuerzos destinados a
lograr un Mercado Único Digital, sino también el funcionamiento mismo de nuestras
democracias, nuestras libertades y nuestros valores. El futuro de nuestra seguridad dependerá
de la transformación de nuestra capacidad para proteger a la UE contra las amenazas
cibernéticas: tanto la infraestructura civil como la capacidad militar se basan en el uso de
sistemas digitales seguros. Así lo ha reconocido el Consejo Europeo de junio de 20171 y así se
admite en la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea2.
Los riesgos están aumentando exponencialmente. Hay estudios que sugieren que el impacto
económico de la ciberdelincuencia se quintuplicó entre 2013 y 2017, y podría cuadruplicar
sus niveles actuales de aquí a 20193. Los programas de secuestro de archivos a cambio de un
rescate4 («ransomware») han proliferado especialmente, siendo los recientes ataques5 un
reflejo del aumento significativo de la ciberdelincuencia. No obstante, este tipo de programas
está lejos de ser la única amenaza.
Las amenazas cibernéticas provienen tanto de agentes estatales como no estatales; a menudo
son actividades delictivas con una motivación económica, pero también pueden tener un
carácter político y estratégico. La amenaza criminal se ve agravada por la frontera difusa entre
ciberdelincuencia y delito «tradicional», ya que los delincuentes usan Internet como una
forma de ampliar sus actividades, pero también como una fuente para encontrar nuevos
métodos y herramientas para cometer delitos6. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos,
las posibilidades de localizar al delincuente son mínimas, y las de emprender acciones penales
contra él son aún menores.
Al mismo tiempo, los agentes estatales están logrando cada vez más sus objetivos
geopolíticos no solo a través de métodos tradicionales, como la fuerza militar, sino también
mediante el uso de herramientas cibernéticas más discretas, como la interferencia en los
procesos democráticos internos. El uso del ciberespacio como campo de batalla, de forma
exclusiva o como parte de una táctica híbrida, es ahora ampliamente reconocido. Las
campañas de desinformación, la propagación de noticias falsas y las operaciones cibernéticas
dirigidas a infraestructuras vitales son cada vez más comunes y exigen una respuesta. Por esta
razón, en su Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea7, la Comisión
subrayó la importancia de la cooperación en materia de ciberdefensa.
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http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/23-euco-conclusions/.
http://europa.eu/globalstrategy/.
Véase, por ejemplo, el informe de McAfee y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales «Net
losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime» («Pérdidas netas: estimación del coste total de la
ciberdelincuencia»), de junio de 2014.
El «ransomware» es un tipo de programa informático malintencionado («malware») que impide o limita el
acceso de los usuarios a su sistema, ya sea bloqueando la pantalla o restringiendo el acceso a los archivos de
los usuarios a menos que se pague un rescate.
En mayo de 2017, el ataque del «ransomware» WannaCry afectó a más de 400 000 ordenadores de más de
150 países. Un mes más tarde, el ataque del «ransomware» Petya golpeó Ucrania y varias empresas en todo
el mundo.
Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de EUROPOL de 2017.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_es.pdf.
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