A/75/123 equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática del Gobierno, se realizan las tareas de prevención y reacción frente a incidentes cibernéticos de cualquier clasificación y tipo en todo el territorio colombiano. Internacionalmente, Colombia busca cooperar a través del intercambio de información, asistencia mutua e interposición de acciones penales por el uso de las TIC con fines terroristas o delictivos, así como aplicar otras medidas de cooperación para hacer frente a tales amenazas. En ese sentido, en el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social de confianza y seguridad digital, que se encuentra en elaboración, se incluye la creación e implementación de un sistema de intercambio de información cibernética con miras a facilitar la divulgación de indicadores de compromiso entre los actores que interactúan en el entorno digital a nivel nacional e internaci onal. Dicho sistema se articulará con el registro central único de incidentes de seguridad digital. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación utiliza los canales de cooperación internacional de conformidad con los convenios bilaterales y multilateral es establecidos. Sin embargo, se hace necesario la creación de un canal tecnológico seguro o un servicio web para realizar consultas directas y obtener información de los proveedores de servicio de Internet, en su mayoría privados, a fin de que se pueda enviar, recibir, intercambiar y estudiar requerimientos que minimicen el tiempo de respuesta a las solicitudes de asistencia legal mutua. Los actuales mecanismos presentan el inconveniente de tener un tiempo de respuesta lento, que para efectos procesales es un obstáculo. Es decir, cuando se recibe la contestación, la investigación se encuentra en una etapa en la cual no es viable utilizar dicho resultado dentro del proceso penal. Asimismo, la Dirección Nacional de Inteligencia ha venido adelantando la coordinación de contactos con agencias homólogas de algunos países a fin de generar un proceso de intercambio de información operacional oportuna, así como la solicitud de ampliación de información referente a casos puntuales que requieren algún tipo de indagación o confirmación. Esta coordinación aplica para la ampliación de información de casos o tendencias identificadas en el ciberespacio que requieren la correlación de eventos o antecedentes de actividades a fin de poder generar los procesos de seguimient o a estos actores hostiles que llevan a cabo actividades en el ciberespacio. En relación con la recomendación, los Estados, para garantizar la utilización segura de las TIC, han de acatar las resoluciones 20/8 y 26/13 del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, así como las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General sobre el derecho a la privacidad en la era digital, a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Existen múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia sobre el particular. De la Sentencia de Unificación SU-420 de 2019 se resalta que, en Colombia, la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación y si bien no es posible supeditar la divulgación de contenido a un permiso o autorización previa, el hecho de que la libertad de expresión goce de cierto carácter prevalente no significa que esta garantía carezca de límites y, por ende, quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven afectación a terceros. Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió la resolución 5111 de 2017 “por la cual se establece el Régimen de Protección de los 20/95 20-08285

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