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proporcionada por la Junta para la Seguridad Cibernética, puede declarar una
situación de cibercrisis cuando un acontecimiento cibernético, por su escala,
intensidad o naturaleza, no pueda ser abordado por la oficina correspondiente, sino
que requiera un enfoque conjunto y coordinado, garantizado por la Junta para la
Seguridad Cibernética.
Después del Decreto del Primer Ministro se aprobaron otras leyes, a saber:
• El Decreto Legislativo 65/2018, que incorpora la Directiva de la Unión Europea
sobre la seguridad de las redes y sistemas de información y designa al
Departamento de Información para la Seguridad como punto de contacto único
para los sistemas de redes e información
• El Perímetro Nacional de Seguridad Cibernética (Ley 133/2019), que entró en
vigor en noviembre de 2019, se aplica a las entidades nacionales públicas y
privadas que desempeñan funciones esenciales o prestan servicios esenciales
para la realización de actividades consideradas vitales para los intereses
nacionales de Italia. Las entidades públicas y privadas se incluyen en el
“perímetro” según el principio de “prioridad progresiva para la seguridad
nacional”. La ley abarca las redes, los sistemas y los servicios de tecnología de
la información que son propiedad de las entidades mencionadas o que son
explotados por ellas y que podrían afectar a la seguridad nacional. La ley
establece lo siguiente:
– La notificación de incidentes, a fin de garantizar un flujo de información
inmediato hacia las estructuras pertinentes encargadas de la prevención,
preparación y gestión de las actividades cibernéticas, a saber, la Junta para
la Seguridad Cibernética y el Equipo de Respuesta a Incidentes de
Seguridad Informática, que forman parte del Departamento de
Información para la Seguridad
– Medidas de seguridad que abarcan cuestiones, procesos y procedimientos
de organización, incluida la adquisición de TIC
– El examen tecnológico de los productos y servicios de TIC que entran en
categorías específicas y están relacionados con los bienes o entidades
incluidos en el perímetro. De conformidad con la ley, todo operador que
desee adquirir esos artículos deberá informar al Centro Nacional de
Evaluación y Certificación que, a su vez, podrá realizar evaluaciones
preliminares, imponer condiciones y exigir pruebas de los equipos o
programas informáticos. En este último caso, las convocatorias de
licitación y los contratos correspondientes incluirán una cláusula de
suspensión de las políticas de cancelación, en relación con los requisitos
que deben cumplirse o con los resultados positivos de las pruebas exigidas
por el Centro Nacional de Evaluación y Certificación
– Las actividades de inspección y sanción de los agentes públicos y privados
serán llevadas a cabo respectivamente por el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de Desarrollo Económico.
En caso de que se produzca un riesgo grave e inminente para la seguridad
nacional relacionado con las redes, los sistemas y los servicios de tecnolo gía de la
información, el Primer Ministro podrá dar instrucciones para que se apaguen o
suspendan parcial o totalmente uno o más dispositivos o productos i nstalados en las
redes o sistemas o relacionados con la prestación de servicios. La decisión está suj eta
a la deliberación previa del Comité Interministerial para la Seguridad de la República
y es válida durante el tiempo estrictamente necesario para eliminar o mitigar la
amenaza, de acuerdo con el principio de la proporcionalidad.
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