A/74/120
como el proceso de adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, y un avance en
la preparación de un borrador de agenda estratégica de cooperación, colaboración y
asistencia internacional.
En cuanto a los retos, se hace necesario identificar y priorizar los escenarios en
los que Colombia debe participar en materia de seguridad digital e identificar un
modelo claro y efectivo de coordinación y comunicación entre partes interesadas que
permita elaborar e implementar documentos estratégicos para impulsar la cooperación,
la colaboración y la asistencia, tanto a nivel nacional como internacional, en asun tos
de seguridad digital.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y dado que la política nacional de seguridad
digital establecida en el documento 3854 del Consejo Nacional de Política Económica
y Social de 2016 tiene un plan de acción que termina en 2019, el Gobierno nacional,
con apoyo de la OEA, está en el proceso de elaboración de una nueva política que
aborde los retos citados.
Cuba
[Original: español]
[29 de abril de 2019]
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) deben ser
utilizadas de manera pacífica por el bien común de la humanidad y para promover el
desarrollo sostenible de todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo
científico y tecnológico.
Dichos avances científicos y tecnológicos pueden tener aplicaciones civiles y
militares y hay que impedir que este progreso afecte la seguridad internacional de los
Estados.
El único camino para evitar que el ciberespacio se convierta e n un teatro de
operaciones militares es la cooperación mancomunada entre todos los Estados.
En este sentido, respaldamos la creación de un Grupo de Trabajo de
Composición Abierta sobre los Avances en la Esfera de la Información y las
Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional, en virtud de la
resolución 73/27 de la Asamblea General, con miras a que el proceso de negociación
de las Naciones Unidas sobre la seguridad en la utilización de las TIC sea más
democrático, inclusivo y transparente.
Consideramos necesario establecer un marco regulador internacional
jurídicamente vinculante, complementario al derecho internacional existente,
aplicable a las TIC.
Todos los Estados deben respetar las normas internacionales existentes en esta
esfera. Los accesos a los sistemas de información o de telecomunicaciones de otro
Estado deben corresponderse con los acuerdos de cooperación internacional
alcanzados, sobre la base del principio del consentimiento del Estado concernido. Las
formas y el alcance de los intercambios deben respetar la legislación del Estado a
cuyo sistema se accederá.
El uso hostil de las telecomunicaciones, con el propósito declarado o encubierto
de subvertir el ordenamiento jurídico y político de los Estados, es una violación de
las normas internacionalmente acordadas en esta materia y constituye un uso ilegal e
irresponsable de estos medios.
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