En particular, las acciones contra el ciberespionaje merecen especial mención para
asegurar la protección del Patrimonio Tecnológico de España, entendido como
aquellos activos materiales o inmateriales que sustentan la propiedad intelectual e
industrial del sector empresarial, que conforman nuestro presente y condicionan el
desarrollo futuro.
El sector público y los operadores de servicios esenciales se deben involucrar
activamente en un proceso de mejora continua respecto de la protección
de sus sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
basados en una vigilancia permanente de su exposición a las
amenazas. Estos agentes deben servir como modelo de buenas
prácticas en la gestión de la ciberseguridad.
En aplicación del principio de responsabilidad compartida,
el sector público debe mantener estrechas relaciones con
las empresas que gestionan los Sistemas de Tecnologías de la
información y las comunicaciones relevantes para los intereses
nacionales, intercambiando el conocimiento que permita una
adecuada coordinación entre ambos y una cooperación efectiva que
genere una sinergia apropiada dentro del entorno de la ciberseguridad.
El fortalecimiento de la ciberseguridad requiere un conocimiento sistemático sobre
el impacto de una potencial interrupción o destrucción de las redes y sistemas que
proporcionan servicios esenciales, así como métricas del nivel de seguridad de estos
sistemas que permitan la oportuna toma de decisiones según su grado de exposición.
Presidencia del Gobierno
Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019
35
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