Las acciones que usan el ciberespacio como medio para realizar actividades maliciosas o ilícitas incluyen las relacionadas con el ciberespionaje y la cibercriminalidad. El ciberespionaje es un método relativamente económico, rápido y con menos riesgos que el espionaje tradicional, dada la dificultad de atribución de la autoría. Las mayores capacidades corresponden principalmente a actores estatales (organismos de inteligencia o militares), que fundamentalmente operan a través de las denominadas Amenazas Persistentes Avanzadas, un tipo de amenaza en la que el adversario posee sofisticados niveles de conocimiento y de recursos e infraestructuras para, mediante múltiples tipos de ataques, interactuar sobre sus objetivos por un extenso periodo de tiempo, adaptarse a los esfuerzos del defensor para resistir, así como mantener el nivel de interacción con el objetivo para ejecutar sus objetivos. Asimismo, se constata una tendencia creciente de las denominadas amenazas híbridas. Se trata de acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar de manera deliberada las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y las instituciones, a través de una amplia gama de medios, tales como acciones militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información, o elementos de presión económica. Actores estatales y no estatales, bien de forma directa o a través de intermediarios, explotan las facilidades que ofrece internet para la desinformación y propaganda y un interés generalizado en la obtención y desarrollo de capacidades militares para operar en el ciberespacio, incluyendo en muchos casos capacidades ofensivas. La cibercriminalidad, por su parte, es un problema de seguridad ciudadana de primer orden, representando una de las amenazas más extendidas y generalizadas, que se materializa de forma continua y que victimiza cada vez de manera más importante a miles de instituciones, empresas y ciudadanos. El término cibercriminalidad hace referencia al conjunto de actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas; en función de la naturaleza del hecho punible en sí, de la autoría, de su motivación, o de los daños infligidos, se podrá hablar así de ciberterrorismo, de ciberdelito, o en su caso, de hacktivismo. Presidencia del Gobierno Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 25

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