CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§9
Orden TIN/3016/2011, de 28 de octubre, por la que se crea el Comité
de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de Trabajo e Inmigración
«BOE» núm. 271, de 10 de noviembre de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-17656
Vivimos en una época que ha visto la generalización de la sociedad de la información a
todos los niveles y la Administración Pública no se ha visto excluida de esta realidad, más
bien al contrario, ha tratado no solo de utilizar los medios tecnológicos necesarios para
formar parte de la sociedad de la información, sino también de impulsar el uso de dichos
medios en la sociedad en general y en las relaciones de los ciudadanos con la
Administración en particular.
Ya en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se menciona el impulso al uso de
medios electrónicos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias y
también determina el sustrato legal de las comunicaciones administrativas y sus requisitos
jurídicos de validez y eficacia, sobre los que soportar los requerimientos tecnológicos y de
seguridad necesarios para proyectar sus efectos en las comunicaciones electrónicas.
La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado
de los Datos de Carácter Personal y posteriormente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo
ponen de relieve que el uso de medios electrónicos conlleva unas necesidades de seguridad
especifica de estos medios traducidas en una serie de medidas concretas aplicables a
cualquier sistema de información que trate datos de carácter personal.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos consagra el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la
Administración Pública, dando respuesta también a los compromisos comunitarios y a las
iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa. Esta Ley
manifiesta la necesidad de una adecuada protección de la información y de los servicios que
permita usar los medios electrónicos con confianza y a esta necesidad responde la
publicación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El Esquema Nacional de Seguridad tiene como finalidad crear las condiciones de
confianza necesarias en el uso de los medios electrónicos, mediante medidas para
garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios
electrónicos, que permitan a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. Actualmente los sistemas
de información de las Administraciones Públicas están fuertemente imbricados entre sí,
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