CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD
§ 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información
en el ámbito de la Administración Electrónica, como normativa especial en materia de
seguridad de los sistemas de información del sector público.
Así, se aproxima el ámbito de aplicación de este real decreto-ley al de la Ley 8/2011, de
28 de abril, añadiendo a los sectores previstos por la Directiva (UE) 2016/1148 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, los sectores estratégicos
adicionales contemplados en esa ley; se apoya en ella para definir el concepto de «servicio
esencial», y se atribuye a sus órganos colegiados la determinación de los servicios
esenciales y de los operadores de servicios esenciales sujetos al presente real decreto-ley.
Teniendo en cuenta la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, se atribuye al Consejo de
Seguridad Nacional la función de actuar como punto de contacto con otros países de la
Unión Europea y un papel coordinador de la política de ciberseguridad a través de la
Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
III
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional con la que España cuenta desde el año 2013,
sienta las prioridades, objetivos y medidas adecuadas para alcanzar y mantener un elevado
nivel de seguridad de las redes y sistemas de información. Dicha Estrategia seguirá
desarrollando el marco institucional de la ciberseguridad que este real decreto-ley esboza,
compuesto por las autoridades públicas competentes y los CSIRT de referencia, por una
parte, y la cooperación público-privada, por otra.
Las autoridades competentes ejercerán las funciones de vigilancia derivadas de este real
decreto-ley y aplicarán el régimen sancionador cuando proceda. Así mismo, promoverán el
desarrollo de las obligaciones que el real decreto-ley impone, en consulta con el sector y con
las autoridades que ejerzan competencias por razón de la materia cuando se refieran a
sectores específicos, para evitar la existencia de obligaciones duplicadas, innecesarias o
excesivamente onerosas.
Los CSIRT son los equipos de respuesta a incidentes que analizan riesgos y supervisan
incidentes a escala nacional, difunden alertas sobre ellos y aportan soluciones para mitigar
sus efectos. El término CSIRT es el usado comúnmente en Europa en lugar del término
protegido CERT (Computer Emergency Response Team), registrado en EE.UU.
El real decreto-ley delimita el ámbito funcional de actuación de los CSIRT de referencia
previstos en ella. Dichos CSIRT son la puerta de entrada de las notificaciones de incidentes,
lo que permitirá organizar rápidamente la respuesta a ellos, pero el destinatario de las
notificaciones es la autoridad competente respectiva, que tendrá en cuenta esta información
para la supervisión de los operadores. En todo caso, el operador es responsable de resolver
los incidentes y reponer las redes y sistemas de información afectados a su funcionamiento
ordinario.
Se prevé la utilización de una plataforma común para la notificación de incidentes, de tal
manera que los operadores no deban efectuar varias notificaciones en función de la
autoridad a la que deban dirigirse. Esta plataforma podrá ser empleada también para la
notificación de vulneraciones de la seguridad de datos personales según el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
IV
Este real decreto-ley consta de siete títulos que contienen, en primer lugar, las
definiciones de los términos que se usan a lo largo del texto, la salvaguarda de funciones
estatales esenciales, como la seguridad nacional y otras disposiciones generales. A
continuación, en el título II se determina la forma y criterios de identificación de los servicios
esenciales y de los operadores que los presten a los que se aplicará el real decreto-ley. El
orden en que se procederá a su identificación por primera vez se establece en la disposición
adicional primera del real decreto-ley. El título III recoge el marco estratégico e institucional
de la seguridad de las redes y sistemas de información que se ha descrito anteriormente. Se
dedica un precepto específico a la cooperación entre autoridades públicas, como pilar de un
ejercicio adecuado de las diferentes competencias concurrentes sobre la materia.
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