CÓDIGO DE DERECHO DE LA CIBERSEGURIDAD § 11 Real Decreto-ley de seguridad de las redes y sistemas de información colegiado responsable de la seguridad de la información, como punto de contacto y de coordinación técnica con aquella. Sus funciones específicas serán las previstas reglamentariamente. 4. Las autoridades competentes podrán establecer mediante Orden ministerial obligaciones específicas para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información empleados por los operadores de servicios esenciales. Así mismo, podrán dictar instrucciones técnicas y guías orientativas para detallar el contenido de dichas órdenes. Al elaborar las disposiciones reglamentarias, instrucciones y guías, tendrán en cuenta las obligaciones sectoriales, las directrices relevantes que se adopten en el grupo de cooperación y los requisitos en materia de seguridad de la información, a las que estuviera sometido el operador en virtud de otras normas, como la Ley 8/2011, de 28 de abril, y el Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 5. Las autoridades competentes deberán coordinarse entre sí y con los diferentes órganos sectoriales con competencias por razón de la materia, en lo relativo al contenido y a la aplicación de las órdenes, instrucciones técnicas y guías orientativas que dicten en sus respectivos ámbitos de competencia, con objeto de evitar duplicidades en las obligaciones exigibles y facilitar su cumplimiento a los operadores de servicios esenciales. 6. Los proveedores de servicios digitales determinarán las medidas de seguridad que aplicarán, teniendo en cuenta, como mínimo, los avances técnicos y los siguientes aspectos: a) La seguridad de los sistemas e instalaciones; b) La gestión de incidentes; c) La gestión de la continuidad de las actividades; d) La supervisión, auditorías y pruebas; e) El cumplimiento de las normas internacionales. Los proveedores de servicios digitales atenderán igualmente a los actos de ejecución por los que la Comisión europea detalle los aspectos citados. 7. Los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que no siendo operadores críticos se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que utilizan servicios ofrecidos por proveedores de servicios digitales, en particular servicios de computación en nube, podrán exigir a los proveedores de tales servicios medidas de seguridad adicionales, más estrictas que las que dichos proveedores han adoptado en cumplimiento de la legislación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. En particular, las citadas medidas podrán ser exigidas mediante obligaciones contractuales, previo informe preceptivo y vinculante del Centro Criptológico Nacional. Artículo 17. Normas técnicas. Las autoridades competentes promoverán la utilización de regulaciones, normas o especificaciones técnicas en materia de seguridad de las redes y sistemas de información elaboradas en el marco del Reglamento (UE) 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre la normalización europea. En ausencia de dichas normas o especificaciones, promoverán la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por los organismos internacionales de normalización, y, en su caso, de las normas y especificaciones técnicas aceptadas a nivel europeo o internacional que sean pertinentes en esta materia. Artículo 18. Sectores con normativa específica equivalente. Cuando una normativa nacional o comunitaria establezca para un sector obligaciones de seguridad de las redes y sistemas de información o de notificación de incidentes que tengan efectos, al menos, equivalentes a los de las obligaciones previstas en este real decreto-ley, prevalecerán aquellos requisitos y los mecanismos de supervisión correspondientes. Ello no afectará al deber de cooperación entre autoridades competentes, a la coordinación ejercida por el Consejo de Seguridad Nacional ni, en la medida en que no sea incompatible con la legislación sectorial, a la aplicación del título V sobre notificación de incidentes. – 184 –

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