ANEXO I
Resumen Ejecutivo del Estado de
Madurez Cibernética de Costa Rica
(2016-2020)
En 2017 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica presentó la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad con el objetivo de diseñar un marco para orientar las acciones que el país puede tomar con respecto
al uso seguro de las TIC, desarrollar la coordinación y cooperación entre las partes interesadas, y promover medidas de
educación, prevención y mitigación del riesgo de utilizar las TIC. Sin embargo, si bien las normas de seguridad cibernética
a nivel nacional se publicaron hace poco, Costa Rica ya había dado pasos significativos para asegurar su ciberespacio.
En 2012 se creó un CSIRT nacional bajo el MICITT por medio del Decreto Nº 37.052 para coordinar entre los diferentes
interesados todo lo relacionado con información y seguridad cibernética, y para formar un equipo de expertos en
seguridad TIC destinado a prevenir y responder a los incidentes cibernéticos contra las instituciones gubernamentales.
Además, CSIRT-CR es miembro de la red CSIRT Américas.
La Estrategia Nacional define la infraestructura crítica en términos de “sistemas de información y redes, que en caso
de falla podrían tener un impacto serio en la salud, la seguridad física y operativa, la economía y el bienestar de los
ciudadanos, o el funcionamiento efectivo del gobierno y economía del país”. La Estrategia también describe la necesidad
de determinar la infraestructura crítica del país y crear un comité para generar políticas conformadas por miembros de
entidades públicas y privadas clasificadas como infraestructura crítica. El conocimiento sobre cuestiones de seguridad
cibernética por parte del sector privado es limitado, pero desde 2017 proliferan las empresas enfocadas en brindar
soluciones y servicios de ciberseguridad. Los costarricenses tienen muchas oportunidades de seguir estudiando sobre
seguridad cibernética, y algunas universidades ofrecen programas más cortos de capacitación y diplomados.147 También
se han realizado varios eventos de creación de capacidad en colaboración con instituciones internacionales, como
la capacitación brindada por el Centro Criptológico Nacional de España para funcionarios públicos y la capacitación
profesional en colaboración con la OEA y la Fundación Citi.
En 2012, Costa Rica aprobó el Decreto Legislativo Nº9.048, mediante el cual se reformó el Código Penal para introducir
formalmente disposiciones para el delito cibernético. Algunos argumentan que esto no es suficiente, ya que hay
problemas con la aplicación del marco y el decreto no es exhaustivo, lo que deja sin regulación los delitos como skimming
(robo de información de la tarjeta de crédito), grooming (generar la confianza de alguien para aprovecharse de este),
o el ciberacecho. Costa Rica ha adherido al Convenio de Budapest en 2017, así como también a otros convenios, y está
desarrollando una estrategia nacional contra el ciberdelito. Para la privacidad y protección de datos, Costa Rica cuenta
con la Ley Nº 8.968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Esta ley se aplica a las
bases de datos de los sectores público y privado. Desde 2010 Costa Rica tiene un borrador de estrategia para el gobierno
electrónico con la visión de ser un país de referencia en América Latina en lo que concierne al gobierno digital mediante
servicios centrados en el ciudadano, transparencia en los servicios e interconexión de instituciones gubernamentales
basadas en un entorno favorable para las TIC y el establecimiento de una sociedad igualitaria y segura.
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