Ahora bien, una vez plasmados los principios que orientan la actuación de las entidades reguladas por la
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y que deberán seguir también las
autoridades en el ejercicio de sus facultades, la Ley establece la regulación para los distintos tipos de ITF.
Las ITF serán entidades autorizadas, reguladas y supervisadas por las autoridades financieras. Para poder
operar como ITF, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, establece que requerirán
de una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual se otorgará previa revisión
de la información y documentación que se menciona en dicha Ley y previo acuerdo del Comité
Interinstitucional. Dicho Comité estaría integrado por tres autoridades financieras clave, a saber, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de
México.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera reconocerá dos tipos de ITF: las
instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico.
Las instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding por su nombre en inglés) son aquéllas
plataformas que ponen en contacto directo a personas interesadas en participar en esquemas de deuda,
de capital y de copropiedad o regalías. Estas instituciones brindan acceso a nuevas fuentes de
financiamiento a segmentos de la población que normalmente no son atendidas por las entidades
financieras tradicionales, regulándose tres formas.
Las instituciones de financiamiento colectivo de deuda, son aquellas en donde la institución pone en
contacto directo a inversionistas con solicitantes que requieren de financiamiento, quienes,
posteriormente, retornarán los recursos, generalmente, con el pago de un interés. Las instituciones de
financiamiento colectivo de capital, son aquellas que facilitan que los inversionistas aporten recursos, a
través de la institución, para obtener participaciones en el capital social de personas morales solicitantes
que se promuevan por este medio para posteriormente ser partícipes de las utilidades de dichas
personas morales. Por último, las instituciones de financiamiento colectivo de copropiedad o regalías,
son aquellas en donde los inversionistas aportan recursos a un proyecto obteniendo una participación
en un bien o derecho. Esta figura ha sido regulada a nivel internacional en países como Estados Unidos,
Canadá, China, España, Italia, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda.
La Ley que se propone expedir contiene la regulación de las instituciones de fondos de pago electrónico,
como consecuencia del aumento del uso de esta modalidad de pago en el comercio, ya que ofrece
seguridad y aceptación en los negocios que se encuentren afiliados.
Al respecto, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay, Kenia y la Unión Europea, entre otras
jurisdicciones, han regulado los fondos de pago electrónico, definiéndolos en términos similares, como
el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, almacenado en un soporte
electrónico o digital, cuyo valor es constante, denominado en la misma moneda y equivalente a los
fondos recibidos por el emisor contra su entrega.
En la regulación que se propone en la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, las
instituciones de fondos de pago electrónico realizarán servicios de emisión, administración, rendición y
transmisión de fondos de pago electrónico (e-money por su nombre en inglés). Se deberá entender como
fondos de pago electrónico al valor monetario emitido a la par contra la recepción de moneda de curso
legal, que servirá para hacer pagos y transferencias.
Asimismo, se propone que las ITF tengan la capacidad de operar con activos virtuales. En este sentido,
los activos virtuales son representaciones de un valor digital verificable, que no se encuentran emitidos
ni respaldados por ningún banco central o entidad financiera, es decir, que no tienen curso legal, y a
pesar de eso, general utilidades para su intercambio debido a su aceptación por el público. En años
recientes, el uso de activos virtuales, en especial el “Bitcoin”, ha incrementado, así como su aceptación y
valor, por lo que la regulación de instituciones en las que se intermedia con estos activos se ha vuelto
cada vez más pertinente. Además, se propone que las personas que ofrezcan en territorio nacional la
compra y venta de activos virtuales, queden sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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