mando o no ejecuten las órdenes directas que reciban, se harán acreedores, a una medida disciplinaria, consistente en amonestación pública o privada, arresto hasta por veinticuatro horas, o suspensión temporal sin goce de sueldo hasta por tres días. Como puede observarse, se contempla la posibilidad de imponer el arresto como medida disciplinaria a los agentes de la Policía Federal Ministerial, razón por la cual se precisan los términos y alcances de la aplicación de esta medida, pues toda orden de arresto deberá darse por escrito y estar debidamente fundada y motivada. Asimismo, se incluyen las reglas para la aplicación de las medidas disciplinarias, mediante las cuales se precisa que los superiores jerárquicos o de cargo serán los encargados de imponer las medidas a sus subordinados, en tanto el titular de la Unidad encargada de la Policía Federal Ministerial tendrá la facultad para graduar la medida disciplinaria. Por cuanto hace a la responsabilidad del titular de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le serán aplicables los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. Lo anterior, sin soslayar que tanto el Fiscal General como los demás servidores públicos de la Fiscalía General, con independencia de la relación jurídica que sostengan con la misma, estarán sujetos a las responsabilidades administrativas a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No obstante lo anterior, el titular de la Fiscalía General en términos de la Ley suprema sólo podrá ser removido por el Presidente de la República por incurrir en alguna de las causas graves contempladas en el Capítulo II, del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la comisión de uno o más delitos considerados como graves, así como por dejar de ser ciudadano mexicano, adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, o por cometer violaciones graves a la Constitución. En este sentido, el Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción e informar al Senado de la República, quien decidirá si la objeta o no, en términos del artículo 102, Apartado A, fracciones IV y V de la Constitución. Respecto a la integración del patrimonio de la Fiscalía General, en el presente proyecto se establecen las fuentes de los ingresos, los recursos económicos y los bienes respecto de los cuales podrá valerse para el ejercicio de sus funciones, precisando que el patrimonio de la Fiscalía General es inembargable e imprescriptible, por lo que no será susceptible de ejecución judicial o administrativa alguna. Así mismo, se prevé que la Fiscalía General elaborará su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se remita a la Cámara de Diputados. Además de todo lo anteriormente expuesto, la presente propuesta, contempla la publicación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, por medio del cual se determinarán las estrategias y objetivos a desarrollar para la eficiencia y eficacia en la investigación y persecución del delito, orientando de manera prioritaria y efectiva el ejercicio de la acción penal, para lo cual se desarrollarán las funciones de la institución bajo criterios objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo a efecto de que los ciudadanos cuenten con una justicia pronta y expedita. Derivado de lo anterior, el titular de la Fiscalía General deberá presentar al inicio de su gestión dicho Plan ante el titular del Poder Ejecutivo Federal, y presentar anualmente ante el Congreso los resultados y modificaciones que en su caso haya tenido el mismo. En relación con el Órgano Interno de Control, se dispone que será una unidad dotada de autonomía técnica y de gestión por lo que refiere a su régimen interior, pero sujeta en todo momento en su estructura orgánica a la jerarquía institucional y facultades legales y normativas de cada unidad de la Fiscalía General.

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