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La ley Godfrain (ley núm. 88-19, de 5 de enero de 1988) sobre el fraude
informático es la primera ley francesa que castiga los delitos informáticos y la
piratería. Penaliza el hecho de acceder o permanecer, de forma fraudulenta, en todo o
parte de un sistema de procesamiento automatizado de datos.
El modelo de gobernanza francés, que separa las capacidades ofensivas de las
capacidades y misiones defensivas, garantiza el debido respeto de este principio. El
Centro Gubernamental de Vigilancia, Alerta y Respuesta a los Ataques Informáticos
se dedica principalmente a coordinar e investigar las respuestas a los incidentes
cibernéticos para el Gobierno de Francia, pero también para los operadores de
infraestructuras críticas y servicios esenciales definidos por la ley, ayudándoles a
aplicar el nivel de protección necesario, detectar las vulnerabilidades de las redes y
los sistemas, organizar la respuesta a los incidentes con la ayuda de asociados, si es
necesario, y participar en una red de confianza de los centros de respuesta a los
incidentes de seguridad informática.
El reconocimiento de la aplicación del derecho internacional, incluida la Carta
de las Naciones Unidas, al ciberespacio, otro principio acordado en el Grupo
de Expertos Gubernamentales
Francia considera que el establecimiento de un marco de ciberseguridad
colectiva solo puede basarse en el respeto de las normas existentes del derecho
internacional. También considera que la creación de un nuevo instrumento
internacional jurídicamente vinculante específico para las cuestiones de
ciberseguridad no es necesaria en esta etapa. En el ciberespacio, como en los demás
ámbitos, el derecho internacional vigente se aplica y debe ser respetado.
Como concluyó el Grupo de Expertos Gubernamentales en su informe publicado
en 2013, los principios y normas del derecho internacional se aplican al
comportamiento de los Estados en el ciberespacio. Si bien el ciberespacio presenta
características propias (anonimato, papel de los agentes privados), el de recho
internacional ofrece todos los medios necesarios para encuadrar de manera
responsable el comportamiento de los Estados en ese entorno.
El principio de soberanía se aplica al ciberespacio. A este respecto, Francia
reafirma que ejerce su soberanía sobre los sistemas de información, las personas y las
actividades cibernéticas en su territorio o bajo su jurisdicción, dentro de los límites
de las obligaciones que le impone el derecho internacional. La penetración no
autorizada de sistemas franceses que tuviera efectos en el territorio francés por
medios cibernéticos ofensivos por parte de una entidad estatal o de agentes no
estatales que actuaran bajo las instrucciones o el control de un Estado podría constituir
una violación de la soberanía.
El alcance de las medidas que los Estados pueden adoptar para responder a un
ataque informático del que serían víctimas depende de la gravedad de los efectos del
ataque. Por lo tanto, una operación cibernética puede considerarse un recurso a la
fuerza prohibido en virtud del Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. El
cruce del umbral del uso de la fuerza no depende de los medios cibernéticos
utilizados, sino de los efectos de la operación. Si estos últimos son similares a los que
resultan de las armas clásicas, la operación cibernética puede considerarse un recurso
a la fuerza. Francia considera que un ataque informático importante, perpetrado por
un Estado o por agentes no estatales que actúan bajo el control o las instrucciones de
un Estado, cuando alcanza, por su escala o sus efectos, un umbral de gravedad
suficiente (por ejemplo, pérdida sustancial de vidas humanas, daños físicos
considerables o deficiencia de infraestructuras vitales con consecuencias
significativas) puede constituir un “ataque armado” en el sentido del Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas y justificar así la invocación de la legítima defensa.
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