operación y seguridad del sistema penitenciario. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, realizado por la CNDH, otra de las principales problemáticas de los Centros Penitenciarios Estatales visitados, es la falta de espacios dignos para las PPL, ya que de los 165 Centros supervisados, en el 76% se informa una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así mismo en un 72% se presentan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las PPL (dormitorios). El mismo diagnóstico de la CNDH, de los Centros Penitenciarios Estatales supervisados, en un 45% se observó un bajo control en las funciones de autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro de los mismos. Adicionalmente, se reportó que en el 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación(15), lo que genera otro tipo de problemáticas que afectan su funcionamiento, y en el 44% de estos centros existe hacinamiento(16), con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. Actualmente el Sistema Penitenciario Nacional se integra por 300 centros en total, 19 son federales (dos se encuentran cerrados por rehabilitación), 279 estatales y dos municipales, con un total de 214,992 espacios y con una población penitenciaria a nivel nacional de 201,343 PPL de acuerdo con la estadística penitenciaria nacional al mes de julio de 2019. Los centros penitenciarios federales tienen una capacidad instalada de 33,024 espacios, de los cuales 17,211 se encuentran ocupados por PPL y 15,813 están disponibles, lo que permite corroborar que a nivel federal no se registra sobrepoblación; por el contrario, en los centros estatales se registra una capacidad para 181,968 PPL y se reporta una población de 184,132 PPL, lo cual representa una sobrepoblación de 2,164 PPL. El problema de sobrepoblación se encuentra focalizado en los centros penitenciarios de 11 estados del país, destacando por la magnitud de este fenómeno el Estado de México con una sobrepoblación de 16,080 PPL, Jalisco con 3,389, Durango con 1,783, Puebla con 1,371 y Morelos 1,287. ENTIDAD POBLACIÓN ESPACIOS SOBREPOBLACIÓN Estado de México 29,339 13,259 16,080 Jalisco 13,284 9,895 3,389 Durango 3,875 2,092 1,783 Puebla 7,383 6,012 1,371 Morelos 3,334 2,047 1,287 Nayarit 2,049 1,121 928 Chihuahua 8,148 7,315 833 Tabasco 3,912 3,146 766 Hidalgo 4,221 3,569 652 Guerrero 4,245 3,894 351 Quintana Roo 2,850 2,571 279 Fuente: Datos del cuadernillo estadístico Prevención y Readaptación Social, Julio 2019. Del total de las PPL en México, 170,925 corresponden al fuero común, lo cual equivale al 85%, y 30,418 son del fuero federal lo que representa el 15%; de esta población, el 38% se encuentran procesadas y 62% sentenciadas; 95% son hombres y 5% son mujeres. A la inadecuada clasificación, ubicación y separación de las PPL se suma el escaso control ejercido por las autoridades y personal penitenciario, lo que vulnera la seguridad al imperar el autogobierno. Se ha incumplido con las disposiciones normativas en materia de ubicación de las PPL en los centros penitenciarios, como las referentes a su separación conforme a criterios de igualdad, integridad y seguridad, que permitan garantizar su protección e integridad: · Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. · Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas. · Las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o por sentencia de medidas especiales de seguridad, deberán encontrarse en centros especiales. Por otra parte, la falta de personal penitenciario, las deficiencias en su profesionalización, así como la falta de programas enfocados en la formación de docentes e instructores para el desarrollo de competencias, afectan el desempeño de sus actividades y funciones, lo que puede llegar a generar actos de corrupción dentro de los centros penitenciarios. Otro problema se origina en las deficiencias de profesionalización del personal penitenciario como resultado de la falta de actualización de los contenidos de los programas de formación inicial, educación continua, formación de instructores y mandos del personal penitenciario conforme a los objetivos del Programa Rector de Profesionalización y la falta de un sistema de investigación académico que contribuya a mejorar las políticas en materia de capacitación del sistema penitenciario federal. Lo anterior repercute, como consecuencia final, en la afectación a los derechos humanos de las PPL en los centros penitenciarios federales.

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