En cuanto a los requisitos de notificación, el artículo 96, apartado 1, de la DSP 2 exige a los
proveedores de servicios de pago que notifiquen sin dilación indebida los incidentes de
seguridad a la autoridad competente. Además, a semejanza del artículo 14, apartado 5, de la
Directiva SRI, el artículo 96, apartado 2, de la DSP 2 exige a la autoridad competente
informar a las autoridades competentes de los Estados miembros para los cuales el incidente
sea importante. Esta obligación implica al mismo tiempo que la notificación de incidentes de
seguridad debe incluir información que permita a las autoridades evaluar el efecto
transfronterizo de un incidente. El artículo 96, apartado 3, letra a), de la DSP 2 faculta en este
contexto a la ABE para elaborar directrices sobre el contenido exacto y el formato de la
notificación.
En consecuencia, cabe concluir que, en consonancia con el artículo 1, apartado 7, de la
Directiva SRI, deben aplicarse los requisitos de seguridad y notificación de los artículos 95 y
96 de la DSP 2 en lugar de las disposiciones correspondientes del artículo 14 de la Directiva
SRI cuando se trata de la prestación de servicios de pago por parte de entidades de crédito.
ii) Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y
los registros de operaciones
En lo que respecta a las infraestructuras de los mercados financieros, el Reglamento (UE)
648/2012, leído en relación con el Reglamento Delegado (UE) 153/2013 de la Comisión,
contiene disposiciones sobre los requisitos de seguridad de las entidades de contrapartida
central (ECC) que pueden calificarse de lex specialis. En concreto, dichos actos legislativos
prevén una serie de medidas técnicas y de organización relacionadas con la seguridad de las
redes y sistemas de información aún más detalladas que los requisitos del artículo 14,
apartados 1 y 2, de la Directiva SRI y, por tanto, pueden considerarse acordes con los
requisitos del artículo 1, apartado 7, de esta Directiva en lo que respecta a los requisitos de
seguridad.
Más en concreto, el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 648/2012 establece que las
ECC deben disponer de sólidos mecanismos de gobernanza, incluida una estructura
organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes,
así como de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los
riesgos a los que estén o pudieran estar expuestas, junto con mecanismos adecuados de
control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables adecuados. El
apartado 3 del mismo artículo exige que la estructura organizativa garantice la continuidad y
el correcto funcionamiento de la prestación de sus servicios y la realización de sus
actividades, y emplear sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados.
Por su parte, el apartado 6 del mismo artículo aclara que las ECC deben mantener sistemas
informáticos adecuados para gestionar la complejidad, la variedad y el tipo de servicios y
actividades llevados a cabo, a fin de garantizar niveles elevados de seguridad y la integridad
y confidencialidad de la información conservada. El artículo 34, apartado 1, de dicho
Reglamento exige el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de una estrategia
adecuada de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe destinada a
garantizar la oportuna recuperación de las operaciones.
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