[artículo 7, apartado 1, letra a)], los objetivos y prioridades—, cómo complementan esos
resultados las políticas sociales y económicas y si son compatibles con los privilegios y
obligaciones derivados de la condición de Estado miembro de la Unión Europea. Los
objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo
(objetivos «SMART»). Sirva como ejemplo ilustrativo el siguiente enunciado: We will ensure
that this [time bound] strategy is founded upon a rigorous and comprehensive set of metrics
against which we measure progress towards the outcomes we need to achieve
[Garantizaremos que esta estrategia (acotada en el tiempo) se basa en un conjunto riguroso y
completo de indicadores con los que medimos el progreso hacia los resultados que debemos
alcanzar]5.
El requisito expuesto comprende también una evaluación política que determine si puede
obtenerse un presupuesto considerable para financiar la aplicación de la estrategia. Asimismo,
implica una descripción del alcance previsto de la estrategia y las distintas categorías de
partes interesadas de los sectores público y privado que deben participar en la formulación de
los distintos objetivos y medidas.
Esta primera etapa puede completarse mediante la organización de talleres específicos con
altos funcionarios ministeriales y representantes políticos moderados por ciberespecialistas
con capacidades de comunicación profesional que puedan resaltar las implicaciones que
supone la ausencia o insuficiencia de ciberseguridad para una economía y sociedad digital
moderna.
Segunda etapa: Elaboración del contenido de la estrategia
La estrategia debe contener medidas facilitadoras, actuaciones acotadas en el tiempo e
indicadores clave de resultado que permitan, tras un periodo de aplicación definido, evaluar,
perfeccionar y mejorar la estrategia. Esas medidas deben respaldar el objetivo, las prioridades
y los resultados fijados como principios rectores. La necesidad de incluir medidas
facilitadoras se establece en el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva SRI.
Se recomienda que se constituya un grupo de dirección presidido por el ministerio principal y
encargado de gestionar el proceso de redacción y facilitar las aportaciones. A tal fin, podrían
crearse una serie de grupos de redacción formados por funcionarios y expertos pertinentes en
torno a algunos temas genéricos clave: por ejemplo, evaluación de riesgos, planificación de
contingencias, gestión de incidentes, desarrollo de capacidades, sensibilización, investigación
y desarrollo industrial, etc. Además, se invitaría por separado a cada sector —por ejemplo, de
energía, transporte, etc.— a evaluar las implicaciones de su inclusión, en particular la
asignación de recursos, y a implicar a los operadores de servicios esenciales designados y
proveedores de servicios digitales clave en la fijación de las prioridades y la presentación de
propuestas al proceso de redacción. La implicación de las partes interesadas sectoriales
también es esencial por la necesidad de garantizar la aplicación armonizada de la Directiva en
los distintos sectores, dejando al mismo tiempo un margen para las especificidades
sectoriales.
Tercera etapa: Desarrollo de un marco de gobernanza
5
Extracto de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido, 2016 -2021, página 67.
7
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