106. Subrayando la declaración consensuada de Liubliana de 2005, que reconoce la
democracia pluralista y el Estado de derecho como requisitos previos para la paz, la
seguridad, la justicia y la estabilidad,
107. Señalando que la declaración del estado de emergencia —y su consecuente interferencia
con los derechos— debe ser estrictamente necesaria, proporcionada y temporal y no debe
entrañar la suspensión de los compromisos internacionales básicos, especialmente la
prohibición de la tortura,
108. Haciendo hincapié en que los gobiernos deben prestar el apoyo adecuado a las personas
afectadas más directamente por el terrorismo, a saber, las víctimas de atentados,
109. Alentando a los Estados participantes a denunciar el sentimiento racista, xenófobo,
islamófobo y en contra de la migración que puede suscitar tales atentados,
110. Recordando la Estrategia de la OSCE frente a las Amenazas contra la Seguridad y la
Estabilidad en el Siglo XXI, adoptada en Maastricht en 2003, en la que se declara que la
movilidad de la población migrante y el surgimiento por toda la región de la OSCE de
sociedades donde coexisten muchas culturas abre grandes oportunidades, pero supone
también un desafío, y que el fracaso en la integración de estas sociedades o la falta de
respeto de quienes residen en ellas hacia los derechos de sus conciudadanos puede
socavar la estabilidad social,
111. Recordando a los Estados participantes que en el Documento de Moscú de 1991 se
comprometieron a garantizar que sus fuerzas militares y paramilitares y sus servicios de
seguridad interna y de inteligencia estarían sujetos al control de las autoridades civiles y
a supervisión legislativa,
112. Recalcando que los Estados que delegan las misiones y labores de seguridad pública en
empresas militares y de seguridad privadas siguen teniendo la obligación de garantizar
que esas empresas que operan en su territorio o en el extranjero actúan conforme al
derecho internacional, y preocupada por que el sector de la seguridad privada no está
sujeto de forma sistemática a controles democráticos adecuados en el ámbito nacional,
113. Recordando la resolución sobre una moratoria de la pena de muerte y el camino hacia su
abolición, adoptada en 2009, y constatando que, habida cuenta de la falibilidad de la
justicia humana, recurrir a la pena de muerte conlleva inevitablemente el riesgo de que
pueda matarse a personas inocentes,
114. Observando con preocupación que la libertad académica se encuentra amenazada en
diversos grados en algunos Estados participantes y en muchos lugares del mundo,
115. Expresando honda preocupación por el hecho de que mujeres y niños y niñas refugiados
y migrantes estén siendo víctimas de prostitución forzada, agresiones sexuales y otras
formas de explotación y violaciones de la libertad de religión, y por que la inadecuación
de las instalaciones y la insuficiencia de personal en los campos, los centros de refugio
temporales y los centros de registro acrecienta la vulnerabilidad de esa población,
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