106. Subrayando la declaración consensuada de Liubliana de 2005, que reconoce la democracia pluralista y el Estado de derecho como requisitos previos para la paz, la seguridad, la justicia y la estabilidad, 107. Señalando que la declaración del estado de emergencia —y su consecuente interferencia con los derechos— debe ser estrictamente necesaria, proporcionada y temporal y no debe entrañar la suspensión de los compromisos internacionales básicos, especialmente la prohibición de la tortura, 108. Haciendo hincapié en que los gobiernos deben prestar el apoyo adecuado a las personas afectadas más directamente por el terrorismo, a saber, las víctimas de atentados, 109. Alentando a los Estados participantes a denunciar el sentimiento racista, xenófobo, islamófobo y en contra de la migración que puede suscitar tales atentados, 110. Recordando la Estrategia de la OSCE frente a las Amenazas contra la Seguridad y la Estabilidad en el Siglo XXI, adoptada en Maastricht en 2003, en la que se declara que la movilidad de la población migrante y el surgimiento por toda la región de la OSCE de sociedades donde coexisten muchas culturas abre grandes oportunidades, pero supone también un desafío, y que el fracaso en la integración de estas sociedades o la falta de respeto de quienes residen en ellas hacia los derechos de sus conciudadanos puede socavar la estabilidad social, 111. Recordando a los Estados participantes que en el Documento de Moscú de 1991 se comprometieron a garantizar que sus fuerzas militares y paramilitares y sus servicios de seguridad interna y de inteligencia estarían sujetos al control de las autoridades civiles y a supervisión legislativa, 112. Recalcando que los Estados que delegan las misiones y labores de seguridad pública en empresas militares y de seguridad privadas siguen teniendo la obligación de garantizar que esas empresas que operan en su territorio o en el extranjero actúan conforme al derecho internacional, y preocupada por que el sector de la seguridad privada no está sujeto de forma sistemática a controles democráticos adecuados en el ámbito nacional, 113. Recordando la resolución sobre una moratoria de la pena de muerte y el camino hacia su abolición, adoptada en 2009, y constatando que, habida cuenta de la falibilidad de la justicia humana, recurrir a la pena de muerte conlleva inevitablemente el riesgo de que pueda matarse a personas inocentes, 114. Observando con preocupación que la libertad académica se encuentra amenazada en diversos grados en algunos Estados participantes y en muchos lugares del mundo, 115. Expresando honda preocupación por el hecho de que mujeres y niños y niñas refugiados y migrantes estén siendo víctimas de prostitución forzada, agresiones sexuales y otras formas de explotación y violaciones de la libertad de religión, y por que la inadecuación de las instalaciones y la insuficiencia de personal en los campos, los centros de refugio temporales y los centros de registro acrecienta la vulnerabilidad de esa población, 14

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