116. Expresando preocupación por la situación irresuelta de las personas internamente desplazadas dispersas por varios de sus Estados participantes, 117. Expresando además preocupación por la situación de la población que vive en zonas de conflicto en toda la región de la OSCE, 118. Observando que la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África requiere la atención permanente de los Estados participantes y la aplicación del concepto de seguridad integral a fin de lograr una paz, una libertad y una seguridad duraderas, La Asamblea Parlamentaria de la OSCE: 119. Pide a los Estados participantes de la OSCE que respeten la dignidad humana y la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas mediante la aplicación, en su máxima extensión, de todos los compromisos con respecto a la OSCE relativos a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia pluralista y el Estado de derecho; 120. Expresa preocupación por las manifestaciones recientes y flagrantes de intolerancia, nacionalismo agresivo, xenofobia, antisemitismo, discriminación contra personas musulmanas, cristianas o de otras religiones, la persecución de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y el racismo, y recalca el papel vital que desempeñan la tolerancia, el entendimiento y la cooperación en la construcción y la preservación de sociedades democráticas estables; 121. Pide a los Estados participantes que adopten la definición de trabajo de antisemitismo en el Consejo Ministerial que se celebrará en Viena los días 7 y 8 de diciembre de 2017; 122. Alienta a los Estados participantes a reactivar los debates sobre la dimensión humana en el seno de la OSCE, accediendo a fijar el orden del día de las reuniones y las fechas de manera oportuna y transparente y evitando restringir la participación de la sociedad civil, si bien señala que las organizaciones no gubernamentales auspiciadas por el Estado no contribuyen a un diálogo genuino; 123. Reitera la necesidad de que los Estados participantes preserven el Estado de derecho, las instituciones democráticas, la prohibición de la tortura y el control por parte de autoridades civiles de sus fuerzas militares y paramilitares y sus servicios de seguridad interna y de inteligencia a la hora de abordar las amenazas a la seguridad nacional; 124. Pide a los Estados participantes que suscriben contratos con empresas militares y de seguridad privadas a las que externalizan misiones o tareas que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y alienta a los Parlamentos a redactar legislación nacional, basada en las normas internacionales existentes, que regule con eficacia las actividades de estas empresas en su territorio y en el extranjero a fin de garantizar el control democrático del sector de la seguridad privada; 125. Hace un llamamiento a los Estados participantes que aplican la pena de muerte para que declaren una moratoria inmediata de las ejecuciones, insta a todos los países a reconfirmar que no volverán a aplicar esta pena inhumana y degradante, y observa con preocupación 15

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