116. Expresando preocupación por la situación irresuelta de las personas internamente
desplazadas dispersas por varios de sus Estados participantes,
117. Expresando además preocupación por la situación de la población que vive en zonas de
conflicto en toda la región de la OSCE,
118. Observando que la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África requiere la
atención permanente de los Estados participantes y la aplicación del concepto de
seguridad integral a fin de lograr una paz, una libertad y una seguridad duraderas,
La Asamblea Parlamentaria de la OSCE:
119. Pide a los Estados participantes de la OSCE que respeten la dignidad humana y la
igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas mediante la aplicación, en su
máxima extensión, de todos los compromisos con respecto a la OSCE relativos a los
derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia pluralista y el Estado de
derecho;
120. Expresa preocupación por las manifestaciones recientes y flagrantes de intolerancia,
nacionalismo agresivo, xenofobia, antisemitismo, discriminación contra personas
musulmanas, cristianas o de otras religiones, la persecución de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y el racismo, y recalca el papel vital que
desempeñan la tolerancia, el entendimiento y la cooperación en la construcción y la
preservación de sociedades democráticas estables;
121. Pide a los Estados participantes que adopten la definición de trabajo de antisemitismo en
el Consejo Ministerial que se celebrará en Viena los días 7 y 8 de diciembre de 2017;
122. Alienta a los Estados participantes a reactivar los debates sobre la dimensión humana en
el seno de la OSCE, accediendo a fijar el orden del día de las reuniones y las fechas de
manera oportuna y transparente y evitando restringir la participación de la sociedad civil,
si bien señala que las organizaciones no gubernamentales auspiciadas por el Estado no
contribuyen a un diálogo genuino;
123. Reitera la necesidad de que los Estados participantes preserven el Estado de derecho, las
instituciones democráticas, la prohibición de la tortura y el control por parte de
autoridades civiles de sus fuerzas militares y paramilitares y sus servicios de seguridad
interna y de inteligencia a la hora de abordar las amenazas a la seguridad nacional;
124. Pide a los Estados participantes que suscriben contratos con empresas militares y de
seguridad privadas a las que externalizan misiones o tareas que cumplan sus obligaciones
en virtud del derecho internacional, y alienta a los Parlamentos a redactar legislación
nacional, basada en las normas internacionales existentes, que regule con eficacia las
actividades de estas empresas en su territorio y en el extranjero a fin de garantizar el
control democrático del sector de la seguridad privada;
125. Hace un llamamiento a los Estados participantes que aplican la pena de muerte para que
declaren una moratoria inmediata de las ejecuciones, insta a todos los países a reconfirmar
que no volverán a aplicar esta pena inhumana y degradante, y observa con preocupación
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