los debates sobre su reinstauración en varios Estados participantes en los que había sido abolida; 126. Pide a los Estados participantes, cuando corresponda, que cesen inmediatamente en el hostigamiento, el encarcelamiento, el maltrato y la desaparición de quienes ejercen oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil; 127. Pide a los Estados participantes de la OSCE que garanticen y protejan, en todo momento, el derecho de los parlamentarios y parlamentarias a ejercer su mandato en toda su extensión, de acuerdo con la Declaración de Tiflis; 128. Insta a los Estados participantes a garantizar el pleno acceso a los observadores y observadoras nacionales e internacionales que supervisan las condiciones penitenciarias; 129. Expresa solidaridad con los parlamentarios y parlamentarias que se encuentran detenidos o en prisión, y declara su buena disposición a observar sus condiciones de detención o encarcelamiento mediante la realización de visitas al lugar, entre otras medidas; 130. Subraya que, en virtud de sus obligaciones internacionales, los Estados participantes deben respetar plenamente el derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la sátira política o ideas consideradas escandalosas u ofensivas; 131. Recuerda las recomendaciones conjuntas de la Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión, según las cuales debe derogarse la legislación que penaliza la difamación, los organismos públicos no deben poder entablar acciones judiciales por difamación, se debe poder recurrir siempre a la verdad como defensa frente a un cargo de difamación, y los políticos y funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica; 132. Lamenta los intentos de algunos gobiernos de reprimir la disidencia y controlar las comunicaciones públicas con medidas como imponer reglas represivas relacionadas con el establecimiento y la actividad de medios informativos y sitios web, interferir en la actividad de los medios informativos públicos y privados, procesar a periodistas por motivos políticos, promulgar legislación indebidamente restrictiva sobre qué contenidos pueden difundirse y realizar controles técnicos de las tecnologías digitales con operaciones como bloquear, filtrar, interferir y clausurar espacios digitales; 133. Hace hincapié en que la libertad académica —y el respeto del derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación que esta exige— es una base esencial para el intercambio de opiniones, ideas y conocimiento previsto en el Acta Final de Helsinki a fin de promover un entendimiento recíproco y favorecer a todas las personas, incluidas las futuras generaciones, por lo que debe protegerse mejor frente a las injerencias, restricciones o represalias de motivación política; 134. Hace un llamamiento a todos los Estados participantes para que concedan acceso expedito a los mecanismos y misiones internacionales de observación de los derechos humanos, 16

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