los debates sobre su reinstauración en varios Estados participantes en los que había sido
abolida;
126. Pide a los Estados participantes, cuando corresponda, que cesen inmediatamente en el
hostigamiento, el encarcelamiento, el maltrato y la desaparición de quienes ejercen
oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros
miembros de la sociedad civil;
127. Pide a los Estados participantes de la OSCE que garanticen y protejan, en todo momento,
el derecho de los parlamentarios y parlamentarias a ejercer su mandato en toda su
extensión, de acuerdo con la Declaración de Tiflis;
128. Insta a los Estados participantes a garantizar el pleno acceso a los observadores y
observadoras nacionales e internacionales que supervisan las condiciones penitenciarias;
129. Expresa solidaridad con los parlamentarios y parlamentarias que se encuentran detenidos
o en prisión, y declara su buena disposición a observar sus condiciones de detención o
encarcelamiento mediante la realización de visitas al lugar, entre otras medidas;
130. Subraya que, en virtud de sus obligaciones internacionales, los Estados participantes
deben respetar plenamente el derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la sátira
política o ideas consideradas escandalosas u ofensivas;
131. Recuerda las recomendaciones conjuntas de la Representante de la OSCE para la Libertad
de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de
Opinión y Expresión, y el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos
para la Libertad de Expresión, según las cuales debe derogarse la legislación que penaliza
la difamación, los organismos públicos no deben poder entablar acciones judiciales por
difamación, se debe poder recurrir siempre a la verdad como defensa frente a un cargo de
difamación, y los políticos y funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de
crítica;
132. Lamenta los intentos de algunos gobiernos de reprimir la disidencia y controlar las
comunicaciones públicas con medidas como imponer reglas represivas relacionadas con
el establecimiento y la actividad de medios informativos y sitios web, interferir en la
actividad de los medios informativos públicos y privados, procesar a periodistas por
motivos políticos, promulgar legislación indebidamente restrictiva sobre qué contenidos
pueden difundirse y realizar controles técnicos de las tecnologías digitales con
operaciones como bloquear, filtrar, interferir y clausurar espacios digitales;
133. Hace hincapié en que la libertad académica —y el respeto del derecho a la libertad de
expresión, reunión, asociación y circulación que esta exige— es una base esencial para
el intercambio de opiniones, ideas y conocimiento previsto en el Acta Final de Helsinki
a fin de promover un entendimiento recíproco y favorecer a todas las personas, incluidas
las futuras generaciones, por lo que debe protegerse mejor frente a las injerencias,
restricciones o represalias de motivación política;
134. Hace un llamamiento a todos los Estados participantes para que concedan acceso expedito
a los mecanismos y misiones internacionales de observación de los derechos humanos,
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