RESOLUCIÓN SOBRE
LA MIGRACIÓN
1.
Recordando el hecho de que los Estados tienen el derecho soberano de definir las reglas
de la nacionalidad y las condiciones de entrada y permanencia de personas extranjeras en
sus territorios,
2.
Recordando que la emisión y el reconocimiento de documentos de viaje son necesarios
para facilitar la circulación de las personas refugiadas y, en particular, su reasentamiento,
y que el examen de las solicitudes debe realizarse con mayor celeridad,
3.
Observando que la crisis migratoria constituye la prueba de algo que ahora se ha hecho
patente: el deseo de los Estados de dar prioridad a la seguridad nacional —con medidas
como endurecer los controles fronterizos— sobre la protección humanitaria, mientras que
el objetivo de la gestión serena y regulada —que la Unión Europea está intentando
adoptar— exigiría conciliar esos dos imperativos,
4.
Reconociendo que las deficiencias en la gestión de flujos migratorios masivos a costa de
los Estados que se encuentran en primera línea de frontera son primordialmente
consecuencia de la falta de voluntad suficiente para implementar una estrategia
migratoria integral y eficaz basada en una solidaridad, reparto de responsabilidades,
coherencia y coordinación mayores,
5.
Recalcando que todos los Estados participantes de la OSCE deben adoptar un enfoque
jurídico, es decir, en su derecho positivo, en relación con la condición de las personas
refugiadas y el derecho de asilo, mediante el cumplimiento de la Convención de Ginebra
de 28 de julio de 1951 y sus textos subsiguientes,
6.
Recordando la definición del término “refugiado” establecida en el artículo 1, apartado
A.2 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, que reza: toda persona que
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”,
7.
Reafirmando la obligación de no devolver (“refouler”), elemento esencial de la condición
de las personas refugiadas y solicitantes de asilo establecido en el artículo 33, apartado
1, de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951: “Ningún Estado Contratante
podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras
de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”,
27
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