cooperación, de modo que colectivamente podamos obtener los mayores beneficios
posibles en términos de sostenibilidad medioambiental y económica;
30.
Insta a los Estados participantes a reevaluar los acuerdos y tratados internacionales
relativos a las aguas superficiales de los que sean signatarios, asegurándose de que
contengan disposiciones viables relativas al control, mecanismos de aplicación y
disposiciones concretas sobre el reparto del agua que contemplen las variaciones del flujo
de agua y la evolución de las necesidades;
31.
Insta a los Estados participantes a controlar y proteger las aguas superficiales y de
tránsito, las aguas subterráneas y las aguas costeras frente a los efectos negativos de los
agentes contaminantes y los residuos industriales y humanos;
32.
Pide a los Estados participantes que salvaguarden y vigilen los niveles de calidad del aire
a fin de mantener bajo control el impacto negativo de la contaminación del aire;
33.
Insta a los Estados participantes a tomar medidas adecuadas y efectivas en los ámbitos
nacional e internacional para abordar el cambio climático, que es el causante de
numerosas crisis relacionadas con el agua —como sequías, escasez o inundaciones— que
pueden provocar consecuencias catastróficas como la migración forzada de millones de
personas y la pérdida de biodiversidad, entre muchas otras;
34.
Insta a los Estados participantes a diversificar sus fuentes de agua, con medidas como
tratar, reutilizar y reciclar las aguas residuales, a fin de optimizar la gestión del agua;
35.
Alienta a los Estados participantes a fomentar la investigación sobre las ciencias de la
vida a fin de mejorar el uso del agua, desarrollar una tecnología más ecológica en el
ámbito del agua y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que contribuirá
a luchar contra el cambio climático;
36.
Alienta a los Estados participantes a continuar educando a los consumidores y a la
industria sobre el uso del agua y su escasez, especialmente a través de los Centros Aarhus;
37.
Insta a los Estados participantes a demostrar su compromiso político con la planificación
y la gestión sistemáticas, en la medida de sus capacidades, de un recurso tan preciado y
esencial para el sostenimiento de la vida, y a garantizar que todos los ciudadanos y
ciudadanas gocen de un suministro de agua accesible y asequible.
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