RESOLUCIÓN SOBRE
LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
1.
Alarmada por el aumento del número de condenas a muerte y ejecuciones en todo el
mundo; visto el informe de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en
2015, según el cual ese año se llevaron a cabo al menos 1.634 ejecuciones, la cifra más
alta desde 1989, que representa un aumento estimado del 54 por ciento con respecto a
2014, y visto también el informe de Amnistía Internacional Condenas a muerte y
ejecuciones en 2016, que, aunque indica una disminución del número total de
ejecuciones, situándolo en 1.032, señala que esa cifra sigue siendo más alta que la media
registrada el decenio anterior, y que el número de condenas a muerte impuestas ha
aumentado a 3.117, en comparación con las 1.998 de 2015,
2.
Lamentando que, en 2017, año en que se cumple el 150 aniversario de la abolición de la
pena de muerte en Portugal —uno de los primeros Estados abolicionistas—, esta pena
continúe presente en la legislación de algunos Estados participantes de la OSCE,
3.
Haciendo hincapié en que toda persona tiene derecho a la vida y que ese derecho no puede
ser suspendido por ningún motivo,
4.
Observando que la sola abolición de la pena de muerte contribuye a garantizar una
protección más efectiva del derecho a la vida,
5.
Consciente de que la aplicación de la pena de muerte tiene consecuencias irreversibles
que impiden la reparación en caso de error judicial y niega a la persona condenada la
posibilidad de la rehabilitación,
6.
Haciendo hincapié en que la pena de muerte es un trato cruel, degradante e inhumano,
7.
Considerando que la pena de muerte constituye una respuesta impropia a la delincuencia
violenta,
8.
Haciendo hincapié en que la pena de muerte es incompatible con las normas del
comportamiento civilizado,
9.
Recalcando que la pena de muerte es una violación flagrante del derecho internacional, a
saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica (1969); la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado
a abolir la pena de muerte (1989); el Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990), y la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000),
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