RESOLUCIÓN SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 1. Alarmada por el aumento del número de condenas a muerte y ejecuciones en todo el mundo; visto el informe de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en 2015, según el cual ese año se llevaron a cabo al menos 1.634 ejecuciones, la cifra más alta desde 1989, que representa un aumento estimado del 54 por ciento con respecto a 2014, y visto también el informe de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en 2016, que, aunque indica una disminución del número total de ejecuciones, situándolo en 1.032, señala que esa cifra sigue siendo más alta que la media registrada el decenio anterior, y que el número de condenas a muerte impuestas ha aumentado a 3.117, en comparación con las 1.998 de 2015, 2. Lamentando que, en 2017, año en que se cumple el 150 aniversario de la abolición de la pena de muerte en Portugal —uno de los primeros Estados abolicionistas—, esta pena continúe presente en la legislación de algunos Estados participantes de la OSCE, 3. Haciendo hincapié en que toda persona tiene derecho a la vida y que ese derecho no puede ser suspendido por ningún motivo, 4. Observando que la sola abolición de la pena de muerte contribuye a garantizar una protección más efectiva del derecho a la vida, 5. Consciente de que la aplicación de la pena de muerte tiene consecuencias irreversibles que impiden la reparación en caso de error judicial y niega a la persona condenada la posibilidad de la rehabilitación, 6. Haciendo hincapié en que la pena de muerte es un trato cruel, degradante e inhumano, 7. Considerando que la pena de muerte constituye una respuesta impropia a la delincuencia violenta, 8. Haciendo hincapié en que la pena de muerte es incompatible con las normas del comportamiento civilizado, 9. Recalcando que la pena de muerte es una violación flagrante del derecho internacional, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica (1969); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), 56

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