extremismo violento y desarrollen medidas dirigidas a bloquear la financiación de las organizaciones terroristas e impedir que los terroristas lleven a cabo sus crímenes, entre ellas mejorar los marcos jurídicos y los métodos para hacer cumplir la ley, reforzar la seguridad del transporte internacional y rastrear los movimientos internos y transfronterizos de terroristas; 32. Insta a los Estados participantes a penalizar, en su legislación nacional, la prestación de toda ayuda a terroristas; identificar y luchar contra las personas y entidades jurídicas que llevan a cabo actividades económicas vinculadas con terroristas, sobre todo el Estado Islámico (Dáesh), y trabajar para lograr la aplicación universal de las Resoluciones 2199 y 2253 del Consejo de Seguridad de la ONU; 33. Alienta a los Estados participantes y a los Estados socios mediterráneos a trabajar a partir de la Conferencia Mediterránea de la OSCE de 2016, “Los jóvenes en las partes septentrional y meridional del Mediterráneo: hacer frente a los retos para la seguridad y potenciar las oportunidades”, poniendo en marcha iniciativas que incorporen a los jóvenes y a la sociedad civil en los programas para combatir el extremismo violento y se centren en abordar las necesidades y las aspiraciones de los jóvenes en la región del Mediterráneo; 34. Alienta los esfuerzos para cooperar en definir un futuro seguro y libre para Libia apoyando las medidas de seguridad fronteriza y lucha contra el terrorismo, favoreciendo la estabilidad política y el Estado de derecho a través del diálogo, prestando ayuda económica, abordando las rutas migratorias de acceso a la región de la OSCE que parten de territorio libio y facilitando lo antes posible la admisión de Libia en cuanto que país unificado y democrático en el conjunto de socios mediterráneos para la cooperación; 35. Respalda las conclusiones de la Conferencia Parlamentaria sobre la Lucha contra el Terrorismo Internacional, organizada conjuntamente por la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en San Petersburgo el 28 de marzo de 2017; 36. Pide a todos los Estados participantes que mantengan sus compromisos con respecto a la OSCE y utilicen el conjunto de herramientas de la OSCE en la lucha contra las amenazas internas y externas y, a este respecto, lamenta las medidas tomadas contra miembros del Parlamento turco, entre ellas su encarcelamiento y la privación de la posibilidad de ejercer el mandato que les ha sido otorgado por el pueblo; 37. Lamenta las acusaciones formuladas por las autoridades turcas contra las misiones internacionales de la OIDDH y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa encargadas de observar el referéndum turco del 16 de abril de 2017 y pide a las autoridades turcas que restauren la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; 38. Insta a que se tomen medidas para mejorar la ciberseguridad entre Estados, prevenir las tensiones y los conflictos dimanantes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y proteger la infraestructura esencial frente a las ciberamenazas, lo que incluye reforzar la aplicación de las medidas de fomento de la confianza de la OSCE en el ámbito de la ciberseguridad y facilitar la cooperación entre los organismos nacionales competentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley; 5

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