extremismo violento y desarrollen medidas dirigidas a bloquear la financiación de las
organizaciones terroristas e impedir que los terroristas lleven a cabo sus crímenes, entre
ellas mejorar los marcos jurídicos y los métodos para hacer cumplir la ley, reforzar la
seguridad del transporte internacional y rastrear los movimientos internos y
transfronterizos de terroristas;
32.
Insta a los Estados participantes a penalizar, en su legislación nacional, la prestación de
toda ayuda a terroristas; identificar y luchar contra las personas y entidades jurídicas que
llevan a cabo actividades económicas vinculadas con terroristas, sobre todo el Estado
Islámico (Dáesh), y trabajar para lograr la aplicación universal de las Resoluciones 2199
y 2253 del Consejo de Seguridad de la ONU;
33.
Alienta a los Estados participantes y a los Estados socios mediterráneos a trabajar a partir
de la Conferencia Mediterránea de la OSCE de 2016, “Los jóvenes en las partes
septentrional y meridional del Mediterráneo: hacer frente a los retos para la seguridad y
potenciar las oportunidades”, poniendo en marcha iniciativas que incorporen a los
jóvenes y a la sociedad civil en los programas para combatir el extremismo violento y se
centren en abordar las necesidades y las aspiraciones de los jóvenes en la región del
Mediterráneo;
34.
Alienta los esfuerzos para cooperar en definir un futuro seguro y libre para Libia
apoyando las medidas de seguridad fronteriza y lucha contra el terrorismo, favoreciendo
la estabilidad política y el Estado de derecho a través del diálogo, prestando ayuda
económica, abordando las rutas migratorias de acceso a la región de la OSCE que parten
de territorio libio y facilitando lo antes posible la admisión de Libia en cuanto que país
unificado y democrático en el conjunto de socios mediterráneos para la cooperación;
35.
Respalda las conclusiones de la Conferencia Parlamentaria sobre la Lucha contra el
Terrorismo Internacional, organizada conjuntamente por la Asamblea Interparlamentaria
de la Comunidad de Estados Independientes y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en
San Petersburgo el 28 de marzo de 2017;
36.
Pide a todos los Estados participantes que mantengan sus compromisos con respecto a la
OSCE y utilicen el conjunto de herramientas de la OSCE en la lucha contra las amenazas
internas y externas y, a este respecto, lamenta las medidas tomadas contra miembros del
Parlamento turco, entre ellas su encarcelamiento y la privación de la posibilidad de ejercer
el mandato que les ha sido otorgado por el pueblo;
37.
Lamenta las acusaciones formuladas por las autoridades turcas contra las misiones
internacionales de la OIDDH y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
encargadas de observar el referéndum turco del 16 de abril de 2017 y pide a las
autoridades turcas que restauren la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad
de reunión;
38.
Insta a que se tomen medidas para mejorar la ciberseguridad entre Estados, prevenir las
tensiones y los conflictos dimanantes del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y proteger la infraestructura esencial frente a las ciberamenazas, lo que
incluye reforzar la aplicación de las medidas de fomento de la confianza de la OSCE en
el ámbito de la ciberseguridad y facilitar la cooperación entre los organismos nacionales
competentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley;
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