puntos de contacto únicos (véase el cuadro 1 de la sección 3.2 del anexo). Esto mejoraría la eficacia de la aplicación y facilitaría el control del cumplimiento. Basarse en la experiencia previa en relación con la protección de infraestructuras críticas de información (PICI) puede ayudar a diseñar un modelo óptimo de gobernanza para los Estados miembros, que garantice tanto la aplicación efectiva por sectores de la Directiva SRI, como un planteamiento horizontal coherente (véase la sección 3.1 del anexo). Mejora de las capacidades de los CSIRT nacionales Sin unos CSIRT nacionales eficaces y dotados de recursos adecuados en toda la UE, tal como contempla el artículo 9 de la Directiva SRI, la UE seguirá siendo demasiado vulnerable a las ciberamenazas transfronterizas. Por ello, los Estados miembros podrían plantearse la ampliación del ámbito de los CSIRT más allá de los sectores y servicios que están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva (véase la sección 3.3 del anexo). Esto permitiría a los CSIRT nacionales prestar ayuda operativa a ciberincidentes que se produzcan en empresas y organizaciones que no estén en el ámbito de aplicación de la Directiva pero que también sean importantes para la sociedad y para la economía. Además, los Estados miembros podrían hacer pleno uso de las oportunidades adicionales de financiación que ofrece el programa de infraestructuras de servicios digitales (ISD) del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), concebido para mejorar las capacidades de los CSIRT nacionales y la cooperación entre ellos (véase la sección 3.5 del anexo). Coherencia del proceso de identificación de los operadores de servicios esenciales De conformidad con el artículo 5 de la Directiva SRI, los Estados miembros están obligados a identificar las entidades que se consideren operadores de servicios esenciales a más tardar el 9 de noviembre de 2018. En relación con dicho cometido, los Estados miembros podrán considerar la posibilidad de utilizar de forma coherente las definiciones y orientaciones que figuran en la presente Comunicación con el fin de asegurar que las entidades de tipo semejante que desempeñen una función parecida en el mercado interior sean identificadas sistemáticamente como operadores de servicios esenciales en los demás Estados miembros. Los Estados miembros podrán plantearse también ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva SRI a las administraciones públicas, habida cuenta del papel que desempeñan para la sociedad y la economía en su conjunto (véanse las secciones 2.1 y 4.1.3 del anexo). Resultaría muy útil ajustar en la mayor medida posible los planteamientos nacionales a la identificación de operadores de servicios esenciales, en particular siguiendo las orientaciones elaboradas por el Grupo de cooperación (véase la sección 4.1.2 del anexo), ya que ello daría lugar a una aplicación más armonizada de las disposiciones de la Directiva y por lo tanto reduciría el riesgo de fragmentación del mercado. En los casos en que los operadores de 5

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