puntos de contacto únicos (véase el cuadro 1 de la sección 3.2 del anexo). Esto mejoraría la
eficacia de la aplicación y facilitaría el control del cumplimiento.
Basarse en la experiencia previa en relación con la protección de infraestructuras críticas de
información (PICI) puede ayudar a diseñar un modelo óptimo de gobernanza para los Estados
miembros, que garantice tanto la aplicación efectiva por sectores de la Directiva SRI, como
un planteamiento horizontal coherente (véase la sección 3.1 del anexo).
Mejora de las capacidades de los CSIRT nacionales
Sin unos CSIRT nacionales eficaces y dotados de recursos adecuados en toda la UE, tal como
contempla el artículo 9 de la Directiva SRI, la UE seguirá siendo demasiado vulnerable a las
ciberamenazas transfronterizas. Por ello, los Estados miembros podrían plantearse la
ampliación del ámbito de los CSIRT más allá de los sectores y servicios que están incluidos
en el ámbito de aplicación de la Directiva (véase la sección 3.3 del anexo). Esto permitiría a
los CSIRT nacionales prestar ayuda operativa a ciberincidentes que se produzcan en empresas
y organizaciones que no estén en el ámbito de aplicación de la Directiva pero que también
sean importantes para la sociedad y para la economía. Además, los Estados miembros podrían
hacer pleno uso de las oportunidades adicionales de financiación que ofrece el programa de
infraestructuras de servicios digitales (ISD) del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE),
concebido para mejorar las capacidades de los CSIRT nacionales y la cooperación entre ellos
(véase la sección 3.5 del anexo).
Coherencia del proceso de identificación de los operadores de servicios esenciales
De conformidad con el artículo 5 de la Directiva SRI, los Estados miembros están obligados a
identificar las entidades que se consideren operadores de servicios esenciales a más tardar el 9
de noviembre de 2018. En relación con dicho cometido, los Estados miembros podrán
considerar la posibilidad de utilizar de forma coherente las definiciones y orientaciones que
figuran en la presente Comunicación con el fin de asegurar que las entidades de tipo
semejante que desempeñen una función parecida en el mercado interior sean identificadas
sistemáticamente como operadores de servicios esenciales en los demás Estados miembros.
Los Estados miembros podrán plantearse también ampliar el ámbito de aplicación de la
Directiva SRI a las administraciones públicas, habida cuenta del papel que desempeñan para
la sociedad y la economía en su conjunto (véanse las secciones 2.1 y 4.1.3 del anexo).
Resultaría muy útil ajustar en la mayor medida posible los planteamientos nacionales a la
identificación de operadores de servicios esenciales, en particular siguiendo las orientaciones
elaboradas por el Grupo de cooperación (véase la sección 4.1.2 del anexo), ya que ello daría
lugar a una aplicación más armonizada de las disposiciones de la Directiva y por lo tanto
reduciría el riesgo de fragmentación del mercado. En los casos en que los operadores de
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