L 333/90
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.12.2022
(51)
Los Estados miembros deben fomentar el uso de toda tecnología innovadora, incluida la inteligencia artificial, cuyo
uso pueda mejorar la detección y la prevención de ciberataques, permitiendo que los recursos se desvíen de manera
más eficaz hacia la lucha contra los ciberataques. Por consiguiente, los Estados miembros deben promover en sus
estrategias nacionales de ciberseguridad las actividades de investigación y desarrollo encaminadas a facilitar el uso
de dichas tecnologías, en particular las relativas a herramientas automatizadas o semiautomatizadas en materia de
ciberseguridad, y, en su caso, el intercambio de datos necesarios para formar a los usuarios de esas tecnologías y
mejorarlas. El uso de cualquier tecnología innovadora, incluida la inteligencia artificial, debe cumplir el Derecho de
la Unión en materia de protección de datos, incluidos los principios de protección de datos de exactitud,
minimización de datos, equidad y transparencia, y de seguridad de datos, como el cifrado avanzado. Los requisitos
de protección de datos desde el diseño y por defecto establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 deben
aprovecharse al máximo.
(52)
Las herramientas y aplicaciones de ciberseguridad de código abierto pueden contribuir a un mayor grado de apertura
y repercutir positivamente en la eficiencia de la innovación industrial. Unos estándares abiertos facilitan la
interoperabilidad entre herramientas de seguridad, contribuyendo así a la seguridad de las partes interesadas de la
industria. Las herramientas y aplicaciones de ciberseguridad de código abierto pueden suponer un impulso para la
amplia comunidad de desarrolladores, permitiendo la diversificación de los proveedores. El código abierto puede
propiciar un proceso de verificación más transparente de las herramientas relacionadas con la ciberseguridad y un
proceso de detección de vulnerabilidades a cargo de la comunidad. Por consiguiente, los Estados miembros deben
poder promover el uso de software de código abierto y estándares abiertos mediante la aplicación de políticas
relativas al uso de datos abiertos y de código abierto como parte de la estrategia de seguridad a través de la
transparencia. Las políticas que promueven la introducción y el uso sostenible de herramientas de ciberseguridad de
código abierto revisten especial importancia para las pequeñas y medianas empresas que se enfrentan a costes
significativos de implementación, costes que pueden reducirse al mínimo si también se reduce la necesidad de
aplicaciones o herramientas específicas.
(53)
Los servicios públicos básicos están cada vez más conectados a las redes digitales de las ciudades, con el fin de
reforzar las redes de transporte urbano, mejorar el suministro de agua y las instalaciones de eliminación de residuos
y aumentar la eficiencia del alumbrado y de la calefacción de los edificios. Dichos servicios públicos básicos
digitalizados son vulnerables a los ciberataques y corren el riesgo, en caso de éxito de un ciberataque, de causar
daños en gran escala a los ciudadanos debido a su interconexión. Los Estados miembros deben desarrollar una
política que aborde el desarrollo de tales ciudades conectadas o inteligentes, y sus posibles efectos en la sociedad,
como parte de su estrategia nacional de ciberseguridad.
(54)
En los últimos años, la Unión se ha enfrentado a un aumento exponencial de los ataques con programas de secuestro
(«ramsonware»), en los que los programas maliciosos cifran datos y sistemas y exigen el pago de un rescate para
liberarlos. La frecuencia y gravedad crecientes de los ataques con programas de secuestro pueden deberse a varios
factores, como los distintos patrones de ataque, los modelos de negocio delictivos en torno a los «programas de
secuestro como servicio» y las criptomonedas, la exigencia de rescates y el aumento de los ataques a las cadenas de
suministro. Los Estados miembros deben adoptar una política para luchar contra el auge de los ataques con
programas de secuestro como parte de sus estrategias nacionales de ciberseguridad.
(55)
Las asociaciones entre el sector público y el privado en el ámbito de la ciberseguridad pueden ofrecer un marco
adecuado para el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas, así como para el establecimiento de un nivel
común de entendimiento entre las partes interesadas. Los Estados miembros deben promover políticas que apoyen
la creación de asociaciones público-privadas específicas en materia de ciberseguridad. Tales políticas deben precisar,
entre otros aspectos, el alcance y las partes interesadas implicadas, el modelo de gobernanza, las opciones de
financiación disponibles y la interacción entre las partes interesadas participantes en relación con las asociaciones
público-privadas. Dichas asociaciones pueden aprovechar la experiencia de las entidades del sector privado para
prestar ayuda a las autoridades competentes en el desarrollo de los servicios y procesos más avanzados, como el
intercambio de información, las alertas tempranas, los ejercicios de ciberamenazas e incidentes, la gestión de crisis y
la planificación de la resiliencia.
(56)
Los Estados miembros, en sus estrategias nacionales de ciberseguridad, deben abordar las necesidades específicas de
ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas representan, en toda la
Unión, un gran porcentaje del mercado industrial y empresarial, y a menudo tienen dificultades para adaptarse a las
nuevas prácticas empresariales en un mundo más conectado y al entorno digital, con trabajadores que trabajan desde
casa y negocios que cada vez con más frecuencia se realizan en línea. Algunas pequeñas y medianas empresas se
enfrentan a retos específicos en materia de ciberseguridad como los escasos conocimientos sobre el ciberespacio, la
falta de seguridad informática a distancia, el elevado coste de las soluciones de ciberseguridad y un mayor nivel de
amenazas, como los programas de secuestro, para los que deberían recibir orientación y asistencia. Las pequeñas y
medianas empresas cada vez sufren más ataques contra las cadenas de suministro debido al menor rigor de sus
medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y de su gestión de los ataques, y al hecho de que tienen unos
recursos de seguridad limitados. Tales ataques a las cadenas de suministro no solo afectan a las pequeñas y medianas
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