27.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 333/91
empresas y sus operaciones de forma aislada, sino que también pueden tener un efecto en cascada en el marco de
ataques más importantes contra las entidades a las que han suministrado. Los Estados miembros, por medio de sus
estrategias nacionales de ciberseguridad, deben ayudar a las pequeñas y medianas empresas a hacer frente a los retos
a los que se enfrentan en sus cadenas de suministro. Los Estados miembros deben contar con un punto de contacto
para las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional o regional que proporcione orientación y asistencia a las
pequeñas y medianas empresas o las dirija a los organismos adecuados para que les proporcionen orientación y
asistencia acerca de cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. Se alienta asimismo a los Estados miembros a
que ofrezcan servicios como la configuración de sitios web y la habilitación de registros a las microempresas y
pequeñas empresas que carezcan de esas capacidades.
(57)
En el marco de sus estrategias nacionales de ciberseguridad, los Estados miembros deben adoptar políticas de
fomento de la ciberprotección activa como parte de una estrategia de defensa más amplia. A diferencia de las
respuestas reactivas, la ciberprotección activa es la prevención, la detección, la supervisión, el análisis y la
mitigación de los fallos de seguridad de la red de forma activa, en combinación con el uso de capacidades
desplegadas dentro y fuera de la red víctima de los fallos. Podría incluir la oferta por parte de los Estados miembros
de herramientas o servicios gratuitos a determinadas entidades, como controles de autoservicio, herramientas de
detección y servicios de retirada. La capacidad de compartir y comprender de forma rápida y automática la
información y el análisis de amenazas, las alertas de ciberactividad y las acciones de respuesta es crucial para que se
puedan aunar los esfuerzos encaminados a prevenir, detectar, abordar y bloquear con éxito los ataques contra los
sistemas de redes y de información. La ciberprotección activa se basa en una estrategia defensiva que excluye las
medidas ofensivas.
(58)
Puesto que la explotación de las vulnerabilidades de los sistemas de redes y de información puede causar
perturbaciones y daños considerables, la determinación y subsanación rápidas de dichas vulnerabilidades son
factores importantes para reducir los riesgos. Por consiguiente, las entidades que desarrollen o administren sistemas
de redes y de información deben establecer procedimientos apropiados para abordar las vulnerabilidades cuando se
detecten. Dado que las vulnerabilidades suelen ser detectadas y divulgadas por terceros, los fabricantes o
proveedores de productos o servicios de TIC también deben establecer los procedimientos necesarios para recibir de
terceros información sobre las vulnerabilidades. En este sentido, las normas internacionales ISO/IEC 30111 e
ISO/IEC 29147 ofrecen orientación sobre la gestión y la divulgación de las vulnerabilidades. Reforzar la
coordinación entre las personas físicas o jurídicas notificantes y los fabricantes o proveedores de productos o
servicios de TIC reviste una gran importancia a la hora de facilitar un marco voluntario para la divulgación de
vulnerabilidades. La divulgación coordinada de las vulnerabilidades se refiere específicamente a un proceso
estructurado a través del cual las vulnerabilidades se notifican al fabricante o proveedor de los productos o servicios
de TIC potencialmente vulnerables de manera que este pueda diagnosticar y subsanar las vulnerabilidades antes de
que se divulgue información detallada a terceros o al público. Asimismo, la divulgación coordinada de las
vulnerabilidades debe también comprender la coordinación entre la persona física o jur��dica notificante y el
fabricante o proveedor de los productos o servicios de TIC potencialmente vulnerables en lo tocante al momento de
la subsanación y la publicación de las vulnerabilidades.
(59)
La Comisión, la ENISA y los Estados miembros deben continuar promoviendo la alineación con las normas
internacionales y las mejores prácticas existentes en la industria en el ámbito de la gestión de riesgos de
ciberseguridad, por ejemplo en cuestiones como la evaluación de la seguridad de las cadenas de suministro, el
intercambio de información y la divulgación de vulnerabilidades.
(60)
Los Estados miembros, en cooperación con la ENISA, deben adoptar medidas para facilitar la divulgación coordinada
de las vulnerabilidades mediante el establecimiento de la correspondiente política nacional. Como parte de su
política nacional, los Estados miembros deben tener como objetivo abordar, en la medida de lo posible, los retos a
que se enfrentan los investigadores de vulnerabilidades, en particular la posibilidad de incurrir en responsabilidad
penal, con arreglo al Derecho nacional. Dado que las personas físicas y jurídicas que investigan vulnerabilidades
podrían incurrir en algunos Estados miembros en responsabilidad civil y penal, se alienta a los Estados miembros a
que adopten directrices para que no se actúe penalmente cuando se trate de investigadores de seguridad de la
información y que no se exija responsabilidad civil por sus actividades.
(61)
Los Estados miembros deben designar uno de sus CSIRT como coordinador para que ejerza de intermediario entre
las personas físicas o jurídicas notificantes y los fabricantes o proveedores de productos o servicios de TIC que
puedan verse afectados por la vulnerabilidad, cuando sea necesario. Los cometidos del CSIRT designado como
coordinador deben consistir, en particular, en identificar y contactar a las entidades afectadas, prestar asistencia a las
personas físicas o jurídicas que notifican una vulnerabilidad, negociar los plazos de divulgación y gestionar las
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