27.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 333/81 incidentes pueden interrumpir las actividades económicas en el mercado interior, generar pérdidas financieras, mermar la confianza de los usuarios y ocasionar grandes daños a la economía y la sociedad de la Unión. Por consiguiente, la preparación y la eficacia en materia de ciberseguridad son más esenciales que nunca para que el mercado interior funcione correctamente. Además, la ciberseguridad es un factor facilitador esencial para que muchos sectores críticos se sumen con éxito a la transformación digital y aprovechen plenamente las ventajas económicas, sociales y sostenibles de la digitalización. (4) La base jurídica de la Directiva (UE) 2016/1148 era el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo objetivo es el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior mediante el refuerzo de las medidas destinadas a la aproximación de las normas nacionales. Los requisitos de ciberseguridad que se imponen a las entidades que prestan servicios o realizan actividades que son significativas desde el punto de vista económico varían considerablemente en función del Estado miembro por lo que respecta al tipo de requisitos, su nivel de detalle y el método de supervisión. Tales disparidades conllevan costes suplementarios y generan dificultades para las entidades que ofrecen productos o servicios transfronterizos. Los requisitos impuestos por un Estado miembro que difieren de los aplicados por otro Estado miembro, o incluso los contradicen, pueden afectar sustancialmente a esas actividades transfronterizas. Además, es probable que una concepción o aplicación inadecuadas de los requisitos de ciberseguridad en un Estado miembro tenga repercusiones para el nivel de ciberseguridad de otros Estados miembros, máxime si se tiene en cuenta la intensidad de los intercambios transfronterizos. La revisión de la Directiva (UE) 2016/1148 ha puesto de manifiesto la existencia de grandes diferencias en su aplicación por parte de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a su ámbito de aplicación, cuya delimitación se dejó en gran medida a discreción de los Estados miembros. Asimismo, la Directiva (UE) 2016/1148 confería a los Estados miembros una discrecionalidad muy amplia en lo tocante a la aplicación de las obligaciones de seguridad y notificación de incidentes que en ella se establecían. En consecuencia, dichas obligaciones venían aplicándose de manera considerablemente diferente en cada Estado miembro. También existen diferencias similares en la aplicación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/1148 sobre supervisión y observancia. (5) Todas esas diferencias conllevan una fragmentación del mercado interior y pueden tener efectos perjudiciales para su funcionamiento, afectando, en particular, a la prestación transfronteriza de servicios y al nivel de ciberresiliencia debido a la aplicación de medidas dispares. En última instancia, esas diferencias podrían derivar en una mayor vulnerabilidad de algunos Estados miembros frente a las ciberamenazas, cuyos efectos podrían sentirse en toda la Unión. El objetivo de la presente Directiva es eliminar estas divergencias tan pronunciadas entre los Estados miembros, concretamente mediante la definición de normas mínimas relativas al funcionamiento de un marco regulador coordinado, el establecimiento de mecanismos para que las autoridades competentes de cada Estado miembro cooperen de manera eficaz, la actualización de la lista de sectores y actividades sujetos a las obligaciones de ciberseguridad y la disponibilidad de vías de recurso y medidas de ejecución eficaces que son fundamentales para garantizar el cumplimiento efectivo de dichas obligaciones. Por consiguiente, procede derogar la Directiva (UE) 2016/1148 y sustituirla por la presente Directiva. (6) Con la derogación de la Directiva (UE) 2016/1148, es preciso ampliar el ámbito de aplicación por sectores a una parte más extensa de la economía para ofrecer una cobertura completa de los sectores y servicios de vital importancia para las actividades sociales y económicas fundamentales dentro del mercado interior. En particular, la presente Directiva pretende tratar de superar las deficiencias de la diferenciación entre operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales, que ha quedado demostrado que es obsoleta al no reflejar la importancia de los sectores o servicios para las actividades sociales y económicas en el mercado interior. (7) Con arreglo a la Directiva (UE) 2016/1148, los Estados miembros eran responsables de identificar las entidades que cumplían los criterios para ser consideradas operadores de servicios esenciales. A fin de eliminar las profundas divergencias entre los Estados miembros en ese sentido y garantizar la seguridad jurídica para todas las entidades pertinentes en lo que se refiere a las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y las obligaciones de notificación, debe establecerse un criterio uniforme que determine las entidades que están incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Dicho criterio debe consistir en la aplicación de una norma sobre tamaño máximo con arreglo a la cual todas las entidades que sean consideradas medianas empresas con arreglo al artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (5) o superen los límites máximos para las medianas (5) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

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