L 333/104
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.12.2022
(121) El tratamiento de datos personales, en la medida en que sea necesario y proporcionado para garantizar la seguridad
de los sistemas de redes y de información por parte de las entidades esenciales e importantes, podría considerarse
lícito sobre la base de que dicho tratamiento cumple una obligación jurídica a la que está sujeto el responsable del
tratamiento, de conformidad con los requisitos del artículo 6, apartado 1, letra c), y del artículo 6, apartado 3, del
Reglamento (UE) 2016/679. El tratamiento de datos personales también podría ser necesario para la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por entidades esenciales e importantes, así como por proveedores de tecnologías y
servicios de seguridad que actúen en nombre de dichas entidades, de conformidad con el artículo 6, apartado 1,
letra f), del Reglamento (UE) 2016/679, incluso cuando dicho tratamiento sea necesario para los mecanismos de
intercambio de información sobre ciberseguridad o la notificación voluntaria de información pertinente de
conformidad con la presente Directiva. Las medidas relacionadas con la prevención, la detección, la identificación,
la contención y el análisis de incidentes y la respuesta ante estos, las medidas para incrementar el conocimiento
relacionado con ciberamenazas específicas, el intercambio de información en el contexto de la corrección y
divulgación coordinada de las vulnerabilidades, el intercambio voluntario de información sobre dichos incidentes,
así como ciberamenazas y vulnerabilidades, indicadores de compromiso, tácticas, técnicas y procedimientos, alertas
de ciberseguridad y herramientas de configuración pueden requerir el tratamiento de determinadas categorías de
datos personales, como direcciones IP, localizadores uniformes de recursos (URL), nombres de dominio, direcciones
de correo electrónico y, si revelan datos personales, sellos de tiempo. El tratamiento de datos personales por parte de
las autoridades competentes, los puntos de contacto únicos y los CSIRT podría constituir una obligación legal o
considerarse necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento de los datos de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), y
el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, o para perseguir un interés legítimo de entidades
esenciales e importantes a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento. Además, el Derecho
nacional podría establecer normas que permitan a las autoridades competentes, los puntos de contacto únicos y los
CSIRT, en la medida en que sea necesario y proporcionado a efectos de garantizar la seguridad de los sistemas de
redes y de información de las entidades esenciales e importantes, tratar categorías especiales de datos personales de
conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, en particular estableciendo medidas adecuadas y
específicas para salvaguardar los derechos e intereses fundamentales de las personas físicas, incluidas limitaciones
técnicas a la reutilización de dichos datos y el uso de medidas de última generación en materia de seguridad y
protección de la intimidad, como la seudonimización o el cifrado cuando la anonimización pueda afectar significa
tivamente al objetivo perseguido.
(122) Con vistas a reforzar las facultades y las medidas de supervisión que ayudan a garantizar un cumplimiento efectivo, la
presente Directiva debe prever una lista mínima de medidas y medios de supervisión a través de los cuales las
autoridades competentes puedan supervisar a las entidades esenciales e importantes. Además, la presente Directiva
debe establecer una diferenciación respecto al régimen de supervisión entre las entidades esenciales y las entidades
importantes con vistas a garantizar un equilibrio justo de las obligaciones que recaen sobre dichas entidades y sobre
las autoridades competentes. En consecuencia, las entidades esenciales deben estar sujetas a un régimen de
supervisión completo (a priori y a posteriori), mientras que las entidades importantes deben estar sujetas a un
régimen de supervisión menos estricto exclusivamente a posteriori. Por lo tanto, las entidades importantes no deben
tener la obligación de documentar sistemáticamente la conformidad con las medidas para la gestión de riesgos de
ciberseguridad, a la vez que las autoridades competentes deben aplicar un enfoque reactivo a posteriori respecto a la
supervisión y, por ende, no tienen la obligación general de supervisar a dichas entidades. En el caso de entidades
importantes, la supervisión a posteriori puede iniciarse cuando se pongan en conocimiento de las autoridades
competentes pruebas, indicios o información que dichas autoridades estimen que pueden sugerir un posible
incumplimiento de la presente Directiva. Por ejemplo, tales pruebas, indicios o información podrían ser del tipo
transmitido a las autoridades competentes por otras autoridades, entidades, ciudadanos, medios de comunicación u
otras fuentes, o información disponible para el público, o podría proceder de otras actividades realizadas por las
autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones.
(123) La ejecución de funciones de supervisión por parte de las autoridades competentes no debe obstaculizar
innecesariamente las actividades empresariales de la entidad de que se trate. Cuando las autoridades competentes
lleven a cabo sus tareas de supervisión en relación con entidades esenciales, en particular la realización de
inspecciones in situ y la supervisión a distancia, la investigación de incumplimientos de la presente Directiva y la
realización de auditorías de seguridad o exámenes de seguridad, deben minimizar el impacto en las actividades
empresariales de la entidad de que se trate.
(124) En el ejercicio de la supervisión a priori, las autoridades competentes deben poder decidir sobre la priorización del
uso de las medidas de supervisión y de los medios a su disposición de manera proporcionada. Esto supone que las
autoridades competentes pueden decidir sobre dicha priorización basándose en las metodologías de supervisión que
deben aplicar un enfoque basado en el riesgo. Más concretamente, estas metodologías podrían incluir criterios o
indicadores para la clasificación de las entidades esenciales en categorías de riesgo junto con las correspondientes
medidas de supervisión y medios recomendados para cada categoría de riesgo, tales como el uso, la frecuencia o el
tipo de inspecciones in situ o auditorías de seguridad específicas o análisis de seguridad, el tipo de información que
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