L 333/104 ES Diario Oficial de la Unión Europea 27.12.2022 (121) El tratamiento de datos personales, en la medida en que sea necesario y proporcionado para garantizar la seguridad de los sistemas de redes y de información por parte de las entidades esenciales e importantes, podría considerarse lícito sobre la base de que dicho tratamiento cumple una obligación jurídica a la que está sujeto el responsable del tratamiento, de conformidad con los requisitos del artículo 6, apartado 1, letra c), y del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679. El tratamiento de datos personales también podría ser necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por entidades esenciales e importantes, así como por proveedores de tecnologías y servicios de seguridad que actúen en nombre de dichas entidades, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679, incluso cuando dicho tratamiento sea necesario para los mecanismos de intercambio de información sobre ciberseguridad o la notificación voluntaria de información pertinente de conformidad con la presente Directiva. Las medidas relacionadas con la prevención, la detección, la identificación, la contención y el análisis de incidentes y la respuesta ante estos, las medidas para incrementar el conocimiento relacionado con ciberamenazas específicas, el intercambio de información en el contexto de la corrección y divulgación coordinada de las vulnerabilidades, el intercambio voluntario de información sobre dichos incidentes, así como ciberamenazas y vulnerabilidades, indicadores de compromiso, tácticas, técnicas y procedimientos, alertas de ciberseguridad y herramientas de configuración pueden requerir el tratamiento de determinadas categorías de datos personales, como direcciones IP, localizadores uniformes de recursos (URL), nombres de dominio, direcciones de correo electrónico y, si revelan datos personales, sellos de tiempo. El tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes, los puntos de contacto únicos y los CSIRT podría constituir una obligación legal o considerarse necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento de los datos de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), y el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, o para perseguir un interés legítimo de entidades esenciales e importantes a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento. Además, el Derecho nacional podría establecer normas que permitan a las autoridades competentes, los puntos de contacto únicos y los CSIRT, en la medida en que sea necesario y proporcionado a efectos de garantizar la seguridad de los sistemas de redes y de información de las entidades esenciales e importantes, tratar categorías especiales de datos personales de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, en particular estableciendo medidas adecuadas y específicas para salvaguardar los derechos e intereses fundamentales de las personas físicas, incluidas limitaciones técnicas a la reutilización de dichos datos y el uso de medidas de última generación en materia de seguridad y protección de la intimidad, como la seudonimización o el cifrado cuando la anonimización pueda afectar significa­ tivamente al objetivo perseguido. (122) Con vistas a reforzar las facultades y las medidas de supervisión que ayudan a garantizar un cumplimiento efectivo, la presente Directiva debe prever una lista mínima de medidas y medios de supervisión a través de los cuales las autoridades competentes puedan supervisar a las entidades esenciales e importantes. Además, la presente Directiva debe establecer una diferenciación respecto al régimen de supervisión entre las entidades esenciales y las entidades importantes con vistas a garantizar un equilibrio justo de las obligaciones que recaen sobre dichas entidades y sobre las autoridades competentes. En consecuencia, las entidades esenciales deben estar sujetas a un régimen de supervisión completo (a priori y a posteriori), mientras que las entidades importantes deben estar sujetas a un régimen de supervisión menos estricto exclusivamente a posteriori. Por lo tanto, las entidades importantes no deben tener la obligación de documentar sistemáticamente la conformidad con las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad, a la vez que las autoridades competentes deben aplicar un enfoque reactivo a posteriori respecto a la supervisión y, por ende, no tienen la obligación general de supervisar a dichas entidades. En el caso de entidades importantes, la supervisión a posteriori puede iniciarse cuando se pongan en conocimiento de las autoridades competentes pruebas, indicios o información que dichas autoridades estimen que pueden sugerir un posible incumplimiento de la presente Directiva. Por ejemplo, tales pruebas, indicios o información podrían ser del tipo transmitido a las autoridades competentes por otras autoridades, entidades, ciudadanos, medios de comunicación u otras fuentes, o información disponible para el público, o podría proceder de otras actividades realizadas por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. (123) La ejecución de funciones de supervisión por parte de las autoridades competentes no debe obstaculizar innecesariamente las actividades empresariales de la entidad de que se trate. Cuando las autoridades competentes lleven a cabo sus tareas de supervisión en relación con entidades esenciales, en particular la realización de inspecciones in situ y la supervisión a distancia, la investigación de incumplimientos de la presente Directiva y la realización de auditorías de seguridad o exámenes de seguridad, deben minimizar el impacto en las actividades empresariales de la entidad de que se trate. (124) En el ejercicio de la supervisión a priori, las autoridades competentes deben poder decidir sobre la priorización del uso de las medidas de supervisión y de los medios a su disposición de manera proporcionada. Esto supone que las autoridades competentes pueden decidir sobre dicha priorización basándose en las metodologías de supervisión que deben aplicar un enfoque basado en el riesgo. Más concretamente, estas metodologías podrían incluir criterios o indicadores para la clasificación de las entidades esenciales en categorías de riesgo junto con las correspondientes medidas de supervisión y medios recomendados para cada categoría de riesgo, tales como el uso, la frecuencia o el tipo de inspecciones in situ o auditorías de seguridad específicas o análisis de seguridad, el tipo de información que

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