27.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 333/105
se debe solicitar y el nivel de detalle de dicha información. Tales metodologías de supervisión también se podrían
complementar con programas de trabajo y evaluarse y revisarse de manera periódica, en particular en aspectos tales
como la dotación de recursos y las necesidades. En lo relativo a las entidades de la Administración pública, las
facultades de supervisión se pueden aplicar en consonancia con los marcos legislativos e institucionales nacionales.
(125) Las autoridades competentes deben velar por que sus funciones de supervisión en relación con las entidades
esenciales e importantes sean llevadas a cabo por profesionales cualificados, que deben tener las competencias
necesarias para llevar a cabo dichas tareas, en particular en lo que respecta a la realización de inspecciones in situ y
funciones de supervisión a distancia, como la detección de deficiencias en las bases de datos, equipos informáticos,
cortafuegos, cifrado y las redes. Dichas inspecciones y dicha supervisión deben llevarse a cabo de manera objetiva.
(126) En casos debidamente justificados en los que tenga conocimiento de una ciberamenaza significativa o de un riesgo
inminente, la autoridad competente debe poder adoptar decisiones de ejecución inmediatas con el fin de prevenir
incidentes o responder ante ellos.
(127) A fin de garantizar el cumplimiento efectivo, debe fijarse una lista mínima de poderes de ejecución que pueden
ejercerse por infracción de las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y de las obligaciones de
notificación previstas en la presente Directiva, mediante el establecimiento de un marco claro y coherente para tales
medidas de ejecución en toda la Unión. Debe prestarse la debida atención a la naturaleza, gravedad y duración de la
infracción de la presente Directiva, los perjuicios materiales o inmateriales originados, la intencionalidad o
negligencia en la infracción, las medidas adoptadas para prevenir o paliar los perjuicios materiales o inmateriales, el
grado de responsabilidad o cualquier infracción anterior pertinente, el grado de cooperación con la autoridad
competente y cualquier otra circunstancia agravante o atenuante. Las medidas de ejecución, incluidas las multas
administrativas, deben ser proporcionadas y su imposición debe estar sujeta a las garantías procesales adecuadas
conforme a los principios generales del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea («la Carta»), entre ellas, el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo, la presunción de
inocencia y los derechos de la defensa.
(128) La presente Directiva no exige a los Estados miembros que establezcan la responsabilidad penal o civil con respecto a
las personas físicas responsables de garantizar que una entidad cumpla lo dispuesto en la presente Directiva por los
perjuicios sufridos por terceros como consecuencia de un incumplimiento de la presente Directiva.
(129) A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contempladas en la presente Directiva, cada
autoridad competente debe estar facultada para imponer multas administrativas o solicitar su imposición.
(130) Si las multas administrativas se imponen a una entidad esencial o importante que sea una empresa, por tal debe
entenderse una empresa con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Si las multas administrativas se imponen a
personas que no son una empresa, a la hora de valorar la cuantía apropiada de la multa, la autoridad competente
debe tener en cuenta el nivel general de ingresos prevalente en el Estado miembro así como la situación económica
de la persona. Debe corresponder a los Estados miembros determinar si se debe imponer multas administrativas a
las autoridades públicas y en qué medida. La imposición de una multa administrativa no afecta al ejercicio de otras
facultades de las autoridades competentes ni a la aplicación de otras sanciones contempladas en las normas
nacionales que transpongan la presente Directiva.
(131) Los Estados miembros deben poder establecer las normas sobre las sanciones penales por infracciones de las normas
nacionales que transpongan la presente Directiva. No obstante, la imposición de sanciones penales por infracciones
de dichas normas nacionales y de sanciones administrativas asociadas no debe entrañar la vulneración del principio
ne bis in idem, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(132) En los casos en que la presente Directiva no armoniza las sanciones administrativas, o en otros casos en que se
requiera, por ejemplo en el supuesto de infracción grave de la presente Directiva, los Estados miembros deben
aplicar un sistema que establezca sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. El Derecho nacional debe
determinar la naturaleza de dichas sanciones y si son penales o administrativas.
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