L 333/82 ES Diario Oficial de la Unión Europea 27.12.2022 empresas previstos en el apartado 1 de dicho artículo y que operen en los sectores y presten el tipo de servicios o lleven a cabo las actividades a que se aplica la presente Directiva queden incluidas en su ámbito de aplicación. Los Estados miembros también deben disponer que determinadas pequeñas empresas y microempresas, tal como se definen en el artículo 2, apartados 2 y 3, de dicho anexo, que cumplan criterios específicos que pongan de manifiesto su papel clave para la sociedad, la economía o para determinados sectores o tipos de servicios, queden comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. (8) La exclusión de las entidades de la Administración pública del ámbito de aplicación de la presente Directiva debe aplicarse a las entidades cuyas actividades se lleven a cabo principalmente en los ámbitos de la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa, o la garantía del cumplimiento de la ley, incluidas la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales. No obstante, las entidades de la Administración pública cuyas actividades solo estén relacionadas marginalmente con dichos ámbitos no deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. A los efectos de la presente Directiva, se considera que las entidades con competencias reguladoras no realizan actividades en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley y, por lo tanto, no quedan excluidas por ese motivo del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las entidades de la Administración pública establecidas conjuntamente con un tercer país conforme a un acuerdo internacional quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. La presente Directiva no se aplica a las misiones diplomáticas y consulares de los Estados miembros en terceros países ni a sus sistemas de redes y de información, en la medida en que dichos sistemas estén situados en las dependencias de la misión o se utilicen para usuarios ubicados en un tercer país. (9) Los Estados miembros deben tener la capacidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad nacional, preservar el orden público y la seguridad pública, y permitir la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales. A tal fin, los Estados miembros deben poder eximir a las entidades específicas que llevan a cabo actividades en los ámbitos de la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa o la garantía del cumplimiento de la ley, incluidas las de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales, de determinadas obligaciones establecidas en la presente Directiva en relación con dichas actividades. Cuando una entidad preste servicios exclusivamente a una entidad de la Administración pública excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben poder eximir a dicha entidad de determinadas obligaciones establecidas en la presente Directiva en relación con dichos servicios. Además, ningún Estado miembro debe estar obligado a facilitar información cuya divulgación sea contraria a los intereses esenciales de su seguridad nacional, seguridad pública o defensa. Deben tenerse en cuenta a estos efectos las normas de la Unión o nacionales en materia de protección de la información clasificada, los acuerdos sobre confidencialidad y los acuerdos de confidencialidad informales como el Protocolo TLP para el intercambio de información (Protocolo TLP, por sus siglas en inglés). El Protocolo TLP debe entenderse como un medio para facilitar información sobre cualquier limitación de la difusión ulterior de la información. Se utiliza en casi todos los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT, por sus siglas en inglés) y en algunos centros de puesta en común y análisis de la información. (10) Aunque la presente Directiva se aplica a las entidades que realizan actividades de producción de electricidad en centrales nucleares, algunas de esas actividades pueden tener vinculación con la seguridad nacional. En ese caso, los Estados miembros deben poder ejercer su responsabilidad de preservar la seguridad nacional con respecto a dichas actividades, incluidas las actividades dentro de la cadena de valor nuclear, de conformidad con los Tratados. (11) Algunas entidades llevan a cabo actividades en el ámbito de la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa o la garantía del cumplimiento de la ley, incluidas la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales, al tiempo que prestan servicios de confianza. Los prestadores de servicios de confianza incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) deben estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva a fin de garantizar el mismo nivel de requisitos de seguridad y supervisión que el establecido anteriormente en dicho Reglamento por lo que respecta a los prestadores de servicios de confianza. En consonancia con la exclusión de determinados servicios del Reglamento (UE) n.o 910/2014, la presente Directiva no debe aplicarse a la prestación de servicios de confianza utilizados exclusivamente dentro de sistemas cerrados resultantes del Derecho nacional o de acuerdos entre un conjunto definido de participantes. (6) Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

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