L 333/84
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.12.2022
(18)
A fin de garantizar una visión clara de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los
Estados miembros deben elaborar una lista de las entidades esenciales e importantes así como de entidades que
prestan servicios de registro de nombres de dominio. A tal fin, los Estados miembros deben exigir a las entidades
que presenten, al menos, la siguiente información a las autoridades competentes, a saber, el nombre, la dirección y
los datos de contacto actualizados, incluidas las direcciones de correo electrónico, los rangos de IP y los números de
teléfono de la entidad, y en su caso, el sector y subsector pertinente contemplados en los anexos, así como en su caso,
una lista de los Estados miembros en los que prestan servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente
Directiva. A tal fin, la Comisión, asistida por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), debe
proporcionar sin demora indebida orientaciones y modelos relativos a la obligación de presentar información. Para
facilitar la elaboración y la actualización de la lista de entidades esenciales e importantes así como de las entidades
que prestan servicios de registro de nombres de dominio, los Estados miembros deben poder establecer
mecanismos nacionales para que las entidades se inscriban ellas mismas. Cuando existan registros a nivel nacional,
los Estados miembros han de poder decidir los mecanismos adecuados que permitan determinar las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(19)
Los Estados miembros deben ser responsables de presentar a la Comisión, al menos, el número de entidades
esenciales e importantes en cada sector y subsector contemplados en los anexos, así como información pertinente
sobre el número de entidades identificadas y la disposición de la presente Directiva con arreglo a la cual se hayan
identificado, y el tipo de servicio que prestan. Se alienta a los Estados miembros a intercambiar con la Comisión
información sobre las entidades esenciales e importantes y, en caso de incidente de ciberseguridad a gran escala,
información pertinente, como el nombre de la entidad afectada.
(20)
La Comisión, en cooperación con el Grupo de Cooperación y tras consultar a las partes interesadas pertinentes, debe
proporcionar directrices sobre la aplicación de los criterios aplicables a las microempresas y pequeñas empresas para
evaluar si están comprendidas en el ámbito de la presente Directiva. Asimismo, la Comisión ha de asegurarse de que
se ofrezcan orientaciones adecuadas a todas las microempresas y pequeñas empresas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva. La Comisión, con el apoyo de los Estados miembros, debe proporcionar
información al respecto a las microempresas y pequeñas empresas.
(21)
La Comisión podría ofrecer orientaciones para ayudar a los Estados miembros a aplicar las disposiciones de la
presente Directiva sobre su ámbito de aplicación y a evaluar la proporcionalidad de las medidas que se adopten en
virtud de ella, en particular por lo que respecta a las entidades con modelos empresariales o entornos operativos de
tal complejidad que una entidad pueda cumplir simultáneamente los criterios correspondientes a las entidades
esenciales y a las importantes o realizar simultáneamente tanto actividades que quedan comprendidas en el ámbito
de aplicación de la presente Directiva como actividades que quedan fuera de él.
(22)
La presente Directiva constituye la base de referencia para las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y
las obligaciones de notificación en todos los sectores incluidos en su ámbito de aplicación. A fin de evitar la
fragmentación de las disposiciones en materia de ciberseguridad de los actos jurídicos de la Unión, cuando se
consideren necesarias disposiciones sectoriales suplementarias relativas a las medidas para la gestión de riesgos de
ciberseguridad y las obligaciones de notificación para garantizar un elevado nivel de ciberseguridad en toda la
Unión, la Comisión ha de evaluar si dichas disposiciones podrían establecerse en un acto de ejecución adoptado con
arreglo a la presente Directiva. En caso de que dicho acto de ejecución no se adecue a esa finalidad, los actos jurídicos
sectoriales de la Unión podrían contribuir a garantizar un nivel elevado de ciberseguridad en toda la Unión, teniendo
al mismo tiempo plenamente en cuenta las especificidades y complejidades de los sectores de que se trate. A tal fin, la
presente Directiva no es óbice para que se adopten nuevos actos jurídicos sectoriales de la Unión que aborden las
medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y las obligaciones de notificación y que tengan debidamente en
cuenta la necesidad de un marco de ciberseguridad global y coherente. La presente Directiva debe entenderse sin
perjuicio de las competencias de ejecución existentes que se han conferido a la Comisión en varios sectores, como,
por ejemplo, el del transporte y la energía.
(23)
Cuando un acto jurídico sectorial de la Unión incluya disposiciones que exijan a las entidades esenciales o
importantes adoptar medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad o notificar los incidentes significativos y
dichas obligaciones tengan un efecto al menos equivalente al de las obligaciones establecidas en la presente
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