27.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 333/135 3. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades de control con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 cuando hagan frente a incidentes que den lugar a violaciones de la seguridad de los datos personales, sin perjuicio de las competencias y funciones de las autoridades de control con arreglo a dicho Reglamento. 4. Sin perjuicio de los marcos legislativos e institucionales nacionales, los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de la supervisión del cumplimiento de la presente Directiva por las entidades de la Administración pública y de la imposición de medidas de ejecución con respecto al incumplimiento de la presente Directiva, las autoridades competentes dispongan de las competencias adecuadas para llevar a cabo dichas funciones con independencia operativa con respecto a las entidades de la Administración pública supervisadas. Los Estados miembros podrán decidir imponer medidas de supervisión y ejecución adecuadas, proporcionadas y eficaces en relación con dichas entidades, de conformidad con los marcos legislativos e institucionales nacionales. Artículo 32 Medidas de supervisión y ejecución relativas a entidades esenciales 1. Los Estados miembros garantizarán que las medidas de supervisión o ejecución impuestas a las entidades esenciales en relación con las obligaciones establecidas en la presente Directiva sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso individual. 2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, cuando ejerzan sus funciones de supervisión en relación con entidades esenciales, dispongan de competencias para someter a dichas entidades a, como mínimo: a) inspecciones in situ y supervisión a distancia, incluidos controles aleatorios realizados por profesionales cualificados; b) auditorías de seguridad periódicas y específicas llevadas a cabo por un organismo independiente o una autoridad competente; c) auditorías ad hoc, en particular cuando así lo justifiquen un incidente significativo o un incumplimiento de la presente Directiva por parte de la entidad esencial; d) análisis de seguridad basados en criterios de evaluación del riesgo objetivos, no discriminatorios, justos y transparentes, con la cooperación de la entidad afectada cuando sea necesario; e) solicitudes de información necesaria para evaluar las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad adoptadas por la entidad afectada, en particular las políticas de ciberseguridad documentadas, así como el cumplimiento de la obligación de presentar información a las autoridades competentes con arreglo al artículo 27; f) solicitudes de acceso a datos, documentos e información necesaria para el desempeño de sus funciones de supervisión; g) solicitudes de pruebas de la aplicación de las políticas de ciberseguridad, como por ejemplo los resultados de las auditorías de seguridad realizadas por un auditor cualificado y las correspondientes pruebas subyacentes. Las auditorías de seguridad específicas a que se refiere el párrafo primero, letra b), se basarán en evaluaciones del riesgo realizadas por la autoridad competente o la entidad auditada, o en otra información disponible relacionada con el riesgo. Los resultados de cualquier auditoría de seguridad específica se pondrán a disposición de la autoridad competente. Los costes de dicha auditoría de seguridad específica realizada por un organismo independiente serán sufragados por la entidad auditada, salvo en aquellos casos debidamente motivados en los que la autoridad competente decida lo contrario. 3. En el ejercicio de sus competencias con arreglo al apartado 2, letras e), f) o g), las autoridades competentes indicarán la finalidad de la solicitud y especificarán la información requerida. 4. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes, cuando ejerzan sus facultades de ejecución en relación con entidades esenciales, dispongan de competencias para, como mínimo: a) apercibir por incumplimientos de la presente Directiva por parte de las entidades afectadas;

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