Si en el pasado el delito cibernético era perpetrado principalmente por individuos o por
pequeños grupos, en la actualidad se estarían configurando patrones novedosos bajo los
cuales operan concertadamente redes delictivas muy complejas en el ciberespacio, que
reúnen a individuos en distintos países en tiempo real, para cometer delitos y ataques
cibernéticos a una escala sin precedentes. (INTERPOL, 2017).
Entre los principales delitos cibernéticos, se destacan la piratería, que afecta a la propiedad
intelectual, los ataques con códigos maliciosos, como por ejemplo ataques de denegación de
servicios, que constituyen amenazas a la seguridad de los gobiernos, negocios e individuos y
que suponen un desafío para los organismos de seguridad y agencias encargadas de la
aplicación de la ley, entre otros. Estos delitos se producen, en parte, debido a que varios países
no han desarrollado las capacidades necesarias para prevenir, investigar y combatir este tipo
de fenómenos.
En este sentido es importante el “Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio
contra el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los servicios
que prestan y la información que manejan” (CCN-CERT Centro Criptológico Nacional, 2015).
El Ecuador entiende a la ciberseguridad como la capacidad del Estado para proteger a las
personas, sus bienes activos de información y servicios esenciales ante riesgos y amenazas
que se identifican en el ciberespacio. De forma complementaria el país se adhiere al concepto
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- que la concibe como ¨el conjunto de
herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices,
métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías
que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y a los usuarios en el
ciberentorno¨ (UIT2010, 20).
La ciberseguridad en el Ecuador se enmarca dentro de los deberes constitucionales del
Estado, especialmente el desarrollo y el establecimiento de una cultura de paz. Dado el
principio integral de la ciberseguridad y asuntos digitales, la presente Política Nacional de
Ciberseguridad incluye aspectos que se enmarcan en competencias como la ciberdefensa, la
ciberinteligencia y la ciberdiplomacia. Asimismo, se reconoce el alcance nacional,
multisectorial y con un enfoque de múltiples actores, en el diseño, implementación y
monitoreo de la PNC.
Los principios que rigen esta política son la promoción y el respeto de los derechos humanos
y libertades fundamentales, el fomento de la confianza, la resiliencia, la responsabilidad
compartida, el f1omento del desarrollo de actividades en el entorno digital y el mercado
nacional de TIC. En el marco de un Internet libre, abierto y seguro, prima la comunicación de
las personas, la protección de datos, el derecho a la privacidad, y el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible. Esta política se basa en siete pilares que contemplan diversas temáticas
de intervención del Estado, en coordinación con el sector privado, la academia y sociedad civil,
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