También es necesario mejorar las capacidades de investigación de la ciberdelincuencia de los servicios policiales de los Estados miembros, así como la comprensión de la ciberdelincuencia y las opciones de investigación por parte de los fiscales y del poder judicial. Eurojust y Europol contribuyen a este objetivo y a una mayor coordinación, en estrecha colaboración con los grupos asesores especializados del Centro de Ciberdelincuencia de Europol y con las redes de jefes de las unidades de ciberdelincuencia y de fiscales especializados en esta. La Comisión dedicará 10,5 millones EUR a la financiación de la lucha contra la ciberdelincuencia en el marco del Programa de fondos de la UE para las políticas de seguridad interior. La formación es un elemento importante y el Grupo Europeo de Formación y Educación en Ciberdelincuencia ha preparado una serie de materiales útiles. En adelante, dichos materiales deberán distribuirse entre las fuerzas policiales con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL). 3.3 Cooperación de los sectores público y privado contra la ciberdelincuencia La eficacia de los mecanismos policiales tradicionales es cuestionada por las características del mundo digital, formado principalmente por infraestructuras de propiedad privada y numerosos actores diferentes en una gran variedad de jurisdicciones. Como resultado, la cooperación con el sector privado, incluidas la industria y la sociedad civil, es fundamental para que las autoridades públicas puedan luchar eficazmente contra la delincuencia. En este contexto, el sector financiero también es clave y se debe intensificar la cooperación con el mismo. Por ejemplo, debería reforzarse el papel de las unidades de información financiera75 en el contexto de la ciberdelincuencia. Algunos Estados miembros ya han adoptado medidas clave. En los Países Bajos, las instituciones financieras y los servicios policiales trabajan codo con codo para hacer frente al fraude en línea y la ciberdelincuencia en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Electrónicos. El Centro de Competencia contra la Ciberdelincuencia de Alemania ofrece a sus miembros un centro operativo en el que intercambiar información, en estrecha colaboración con la Oficina de la Policía Federal alemana, y desarrollar medidas destinadas a garantizar la protección contra la ciberdelincuencia. Dieciséis Estados miembros76 han creado centros de excelencia para delitos cibernéticos a fin de facilitar la cooperación entre los servicios policiales, el mundo académico y los socios privados para el desarrollo y el intercambio de buenas prácticas, métodos de capacitación y desarrollo de competencias. La Comisión apoya el establecimiento de asociaciones público-privadas y mecanismos de cooperación a través de proyectos específicos, tales como el Cibercentro y la Red de Expertos en el Fraude en Línea77, que aplican modelos y estándares de intercambio de información para analizar y atenuar los riesgos de delitos electrónicos y fraudes en línea. En el contexto de la ciberdelincuencia, las empresas privadas deben poder compartir información sobre incidentes concretos con los servicios policiales, incluida la información 75 76 77 Las unidades de información financiera funcionan como centros nacionales de recepción y análisis de informes sobre transacciones sospechosas y otra información relacionada con el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y la financiación del terrorismo, además de la difusión de los resultados de dicho análisis. Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovenia, España y Reino Unido. La iniciativa EU-OF2CEN tiene por objeto permitir el intercambio sistemático, a nivel de la UE, de información relacionada con el fraude en Internet entre los bancos y los servicios policiales para evitar los pagos a los estafadores y las «mulas de dinero», además de investigar y emprender acciones penales contra los responsables. Es una iniciativa cofinanciada por la UE (Programa de fondos de la UE para las políticas de seguridad interior). 18

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