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considera que la posible atribución de un ataque, así como la decisión de hacerlo
público, es una prerrogativa soberana.
Francia ha desarrollado formas de evaluar los incidentes, en particular mediante
una escala de gravedad para ayudar a los encargados de adoptar decisiones a analizar
y tomar medidas. Para determinar la gravedad de un incidente, Francia tiene en
cuenta, por ejemplo, sus consecuencias sobre:
• Los intereses de la nación, su soberanía, la democracia
• La seguridad interna y civil
• La población y el medio ambiente
• La economía
Pueden tenerse en cuenta otros criterios (intencionalidad, peligrosidad,
atribución, volumen, recurrencia).
Norma c: Los Estados no deberían permitir deliberadamente que su territorio
fuera utilizado para la comisión de hechos internacionalmente ilícitos mediante
la utilización de las TIC.
Con el fin de garantizar que su territorio no sea utilizado para actos
malintencionados, Francia ha adoptado las siguientes medidas:
• Ha impuesto a los “operadores de importancia vital”, es decir, los operadores de
infraestructuras críticas nacionales (ley núm. 2013-1168) y los operadores de
servicios esenciales (ley núm. 2018-133) el fortalecimiento de la seguridad de
sus sistemas de información y comunicación;
• Ha penalizado (artículo 323-1 del código penal) las intrusiones no autorizadas
en los sistemas de seguridad de la información de terceros;
• Ha reforzado la capacidad del Organismo Nacional de Seguridad de los Sistemas
de Información para detectar ciberincidentes que afecten a los operadores de
infraestructuras críticas (ley núm. 2018-607);
• Ha promovido la divulgación responsable de las vulnerabilidades: las personas
que informan a la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de
Información de la existencia de una vulnerabilidad en un producto o servicio
digital están protegidas de posibles acciones legales (ley núm. 2016-1321).
Norma d: Los Estados deberían estudiar cuál es la mejor manera de cooperar
para intercambiar información, prestarse asistencia mutua, entablar acciones
penales por el uso de las TIC con fines terroristas o delictivos y aplicar otras
medidas de cooperación para hacer frente a tales amenazas. Quizás l os Estados
deberían considerar si existe la necesidad de elaborar nuevas medidas a este
respecto.
Además de los elementos mencionados en la sección de cooperación de nuestra
respuesta, Francia ha elaborado una serie de medidas para mejorar la cooperación con
sus asociados a fin de prevenir la utilización de las tecnologías de la información con
fines delictivos y terroristas, en particular mediante su adhesión al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) y al Llamamiento de Christchurch pa ra
eliminar los contenidos terroristas y extremistas violentos en línea.
En el plano técnico, el Organismo Nacional de Seguridad de los Sistemas de
Información se propone establecer asociaciones con sus homólogos de numerosos
países con el fin de favorecer el intercambio de datos esenciales, como, por ejemplo,
las informaciones relativas a las vulnerabilidades o las fallas de los productos y
servicios. Por otra parte, el Centro Gubernamental de Vigilancia, Alerta y Respuesta
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