A/75/123 proporcionada por la Junta para la Seguridad Cibernética, puede declarar una situación de cibercrisis cuando un acontecimiento cibernético, por su escala, intensidad o naturaleza, no pueda ser abordado por la oficina correspondiente, sino que requiera un enfoque conjunto y coordinado, garantizado por la Junta para la Seguridad Cibernética. Después del Decreto del Primer Ministro se aprobaron otras leyes, a saber: • El Decreto Legislativo 65/2018, que incorpora la Directiva de la Unión Europea sobre la seguridad de las redes y sistemas de información y designa al Departamento de Información para la Seguridad como punto de contacto único para los sistemas de redes e información • El Perímetro Nacional de Seguridad Cibernética (Ley 133/2019), que entró en vigor en noviembre de 2019, se aplica a las entidades nacionales públicas y privadas que desempeñan funciones esenciales o prestan servicios esenciales para la realización de actividades consideradas vitales para los intereses nacionales de Italia. Las entidades públicas y privadas se incluyen en el “perímetro” según el principio de “prioridad progresiva para la seguridad nacional”. La ley abarca las redes, los sistemas y los servicios de tecnología de la información que son propiedad de las entidades mencionadas o que son explotados por ellas y que podrían afectar a la seguridad nacional. La ley establece lo siguiente: – La notificación de incidentes, a fin de garantizar un flujo de información inmediato hacia las estructuras pertinentes encargadas de la prevención, preparación y gestión de las actividades cibernéticas, a saber, la Junta para la Seguridad Cibernética y el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que forman parte del Departamento de Información para la Seguridad – Medidas de seguridad que abarcan cuestiones, procesos y procedimientos de organización, incluida la adquisición de TIC – El examen tecnológico de los productos y servicios de TIC que entran en categorías específicas y están relacionados con los bienes o entidades incluidos en el perímetro. De conformidad con la ley, todo operador que desee adquirir esos artículos deberá informar al Centro Nacional de Evaluación y Certificación que, a su vez, podrá realizar evaluaciones preliminares, imponer condiciones y exigir pruebas de los equipos o programas informáticos. En este último caso, las convocatorias de licitación y los contratos correspondientes incluirán una cláusula de suspensión de las políticas de cancelación, en relación con los requisitos que deben cumplirse o con los resultados positivos de las pruebas exigidas por el Centro Nacional de Evaluación y Certificación – Las actividades de inspección y sanción de los agentes públicos y privados serán llevadas a cabo respectivamente por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Desarrollo Económico. En caso de que se produzca un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional relacionado con las redes, los sistemas y los servicios de tecnolo gía de la información, el Primer Ministro podrá dar instrucciones para que se apaguen o suspendan parcial o totalmente uno o más dispositivos o productos i nstalados en las redes o sistemas o relacionados con la prestación de servicios. La decisión está suj eta a la deliberación previa del Comité Interministerial para la Seguridad de la República y es válida durante el tiempo estrictamente necesario para eliminar o mitigar la amenaza, de acuerdo con el principio de la proporcionalidad. 66/95 20-08285

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