En particular, las acciones contra el ciberespionaje merecen especial mención para asegurar la protección del Patrimonio Tecnológico de España, entendido como aquellos activos materiales o inmateriales que sustentan la propiedad intelectual e industrial del sector empresarial, que conforman nuestro presente y condicionan el desarrollo futuro. El sector público y los operadores de servicios esenciales se deben involucrar activamente en un proceso de mejora continua respecto de la protección de sus sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones basados en una vigilancia permanente de su exposición a las amenazas. Estos agentes deben servir como modelo de buenas prácticas en la gestión de la ciberseguridad. En aplicación del principio de responsabilidad compartida, el sector público debe mantener estrechas relaciones con las empresas que gestionan los Sistemas de Tecnologías de la información y las comunicaciones relevantes para los intereses nacionales, intercambiando el conocimiento que permita una adecuada coordinación entre ambos y una cooperación efectiva que genere una sinergia apropiada dentro del entorno de la ciberseguridad. El fortalecimiento de la ciberseguridad requiere un conocimiento sistemático sobre el impacto de una potencial interrupción o destrucción de las redes y sistemas que proporcionan servicios esenciales, así como métricas del nivel de seguridad de estos sistemas que permitan la oportuna toma de decisiones según su grado de exposición. Presidencia del Gobierno Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 35

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